La suspensión de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que inició el 19 de agosto, se fraguó y pactó desde un mes antes de su arranque.
Sin el apoyo de la dirigencia sindical, a la que incluso acusan de haber intentado boicotear el movimiento, los trabajadores decidieron desde julio que no había otra alternativa más que dejar de laborar.
Los detonantes fueron los foros de la reforma que consideraron una simulación tras anunciarse que esta se aprobaría en agosto; los dichos del Presidente de que no había marcha atrás; y la ausencia de una dirección clara en el liderazgo del Poder Judicial Federal sobre la estrategia para frenar la iniciativa.
“Supimos desde mucho antes que si nosotros no hacíamos algo esto no iba a prosperar. Que la reforma iba porque iba y que con la Constitución modificada ya no se podría hacer nada; salir a la calle y no seguir más de brazos cruzados era la única alternativa”, dijo en entrevista Patricia Aguayo, una de las coordinadoras.
MILENIO platicó con varios trabajadores sindicalizados y de confianza, quienes relataron cómo es que se fraguó una suspensión de labores que para muchos fue sorpresivo, pero que, en realidad, llevó semanas de preparación, y donde la organización fue posible gracias a la creación de grupos de WhatsApp.
Los trabajadores rechazaron que la suspensión de labores fuera incitada por la presidenta de la Corte, Norma Piña, como lo han sostenido algunos legisladores oficialistas, entre ellos el senador de Morena, Ricardo Monreal.
Por el contrario, sostuvieron que se trató de un movimiento iniciado desde las mismas bases, justo ante la falta de alguna orientación de los lideres de la judicatura y el máximo tribunal.
“Eso no es así (que fuera Norma Piña la instigadora). De hecho, fue al revés. Fueron los propios trabajadores y la base, incluso sin el sindicato que ha preferido esperar y esperar, los que comenzaron a reunirse en pequeños grupos y a decidir entre ellos. Era una decisión auténtica de hacer algo, De tomar una postura y ser protagonistas”, dijo en entrevista Víctor Flores Nicolás, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación de la sección II en Toluca.
La suspensión de labores de trabajadores del Poder Judicial cumplió este jueves 72 horas de haber arrancado, mientras que el de jueces y magistrados organizados a través de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) cumplió sus primeras 24 horas.
En contraste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por la ministra presidenta Norma Piña sigue, hasta la fecha, sin tomar una postura oficial al respecto. El martes hubo una reunión ente ministros en la que no se logró alguna posición unificada. Se prevé que hoy vuelvan a reunirse
“Nosotros seguimos trabajando aquí como si nada pasara y eso es muy raro porque estamos viendo las manifestaciones de nuestros compañeros en todos los demás lados. Hay preocupación, pero los ministros tampoco nos dicen nada y la verdad es que eso solo hace que haya más incertidumbre” dijo a MILENIO una trabajadora de una de las ponencias que pidió no publicar su nombre pues no tienen autorización para emitir posicionamientos públicos.
La “unanimidad” de la suspensión de labores
El 25 de julio, la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados anunció que sería a partir del 22 de agosto cuando comenzarían a discutirse y, en su caso, aprobarse las reformas del llamado Plan C del Presidente, entre ellas, primordialmente la relacionada con el Poder Judicial.
Con los foros aun en marcha y sin que estos hubieran terminado, los trabajadores consideraron que esta era una señal inequívoca de que el presidente López Obrador y Morena habían tomado la determinación de aprobar lo más rápido posible la reforma judicial sin tomar en cuenta las objeciones de fondo ni impulsar una discusión profunda.
A partir de eso los trabajadores decidieron que la suspensión de labores arrancaría el 19 de agosto. Para ello aprovecharon la organización que habían comenzado a trabajar desde mayo, cuando consideraron que no habría otra forma de tomar la iniciativa más que a partir de las acciones que la base trabajadora implementara.
Lo que nació como pequeños grupos de trabajadores en cada uno de los 32 circuitos en que se divide el Poder Judicial Federal en el país evolucionó hacia una organización nacional que decidió crear un grupo de Whatsapp para coordinarse.
Se designaron representantes por cada circuito y se les compartió la liga para el ingreso.
“Se formó de manera muy orgánica una autentica coalición de trabajadores”, dijo Flores Nicolas.
Así se formó el colectivo denominado “Circuitos Unidos- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación” al que, a su vez, se sumaron otros movimientos que ya habían comenzado a organizarse desde situaciones previas, como la de la extinción de los fideicomisos. Uno de ellos fue ellos fue el de Justicia Independiente, con Patricia Aguayo al frente.
Tras el anuncio de que la reforma judicial sería discutida y aprobada en comisiones en agosto los trabajadores votaron a través de sus representantes de los 32 circuitos si era necesario suspender labores.
“La decisión fue por unanimidad. Todos a favor de optar por esa vía” recuerda Flores.
Lo más complicado fue acordar cuando comenzar con la suspensión de labores, pues había circuitos que querían hacerlo desde principios o mediados de agosto.
Finalmente, tras el diálogo se acordó que la mejor opción era el lunes 19 de agosto, pues se trataba de una fecha posterior a la entrega de constancia como presidenta electa a Claudia Sheinbaum, pero previa a la discusión en comisiones del dictamen.
A partir de ese momento el consenso y la disciplina se mantuvieron y los circuitos estallaron la suspensión de labores, tal cual lo habían previsto en semanas previas.
El “boicot” sindical y las divisiones
Los trabajadores entrevistados indicaron que desde mayo se pidió a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación emprender y coordinar las acciones necesarias para poner en marcha un plan de resistencia a la referida reforma judicial, tras considerar que directa o indirectamente se podrían ver en riesgo los derechos laborales.
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Sin embargo, la decisión por la que apostó el Comité Ejecutivo Nacional de la organización gremial, encabezada por el secretario general Jesús Gilberto González Pimentel, fue la de esperar a que concluyeran los diálogos y ver el resultado de las observaciones antes de tomar otra medida.
Ello generó desconfianza y motivó a los trabajadores a organizarse por su cuenta.
“Cuando se tomó la decisión de parar labores con fecha le 19 de agosto se le anunció al sindicato y a su dirigencia, pero ni aun así quisieron sumarse, y no solo eso, incluso Pimentel dio entrevistas diciendo que los trabajadores no apoyarían la suspensión de labores anunciado por los jueces pese a que él ya sabía que sí se iba a hacer, Creemos que siempre ha tenido la intención de desincentivar el movimiento, o de mermarlo con estas declaraciones o de boicotearlo”, dijo en entrevista Aguayo.
El 11 de agosto, en una entrevista, Pimentel volvió a asegurar que la suspensión de labores no era viable y hasta podría resultar perjudicial para los trabajadores.
Y el 19 de agosto, ya con la suspensión de labores en marcha, el líder sindical emitió un posicionamiento en el que dijo que había supuestas presiones a trabajadores para sumarse a la suspensión de labores, de lo que no se ha mostrado alguna prueba hasta ahora.
El Sindicato de Trabajadores del PJF es la principal agrupación gremial dentro del Poder Judicial Federal con más de 30 mil trabajadores afiliados y, desde hace una década, es liderado por González Pimentel.
La crisis por la reforma judicial, según los trabajadores consultados, no detonó la desconfianza en este liderazgo, sino, en todo caso, solo la desnudó.
“Es un personaje que siempre ha sido muy tibio, no ha hecho mucho por el gremio e incluso ha permitido que se pierdan prestaciones salvo para sus protegidos. Ha resultado un personaje muy oficialista con todos los presidentes del poder judicial y en especial con (el exministro Arturo) Zaldívar. Y creemos que ahora más que velar por los derechos de los trabajadores persigue sus fines políticos” indicó Aguayo.
En el PJF existe un segundo sindicato minoritario llamado Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal con cerca de cinco mil agremiados.
A diferencia de Pimentel, su líder Juan Alberto Prado Gómez ha expresado públicamente su apoyo a la suspensión de labores al considerar que es inminente que haya afectaciones a la base trabajadora.
Aguayo explica que los colectivos que han coordinado la suspensión de labores no son sindicatos, sino organizaciones que han hecho los trabajadores con otros fines.
No obstante, ella y otros trabajadores consultados por MILENIO indicaron que desde el año pasado el liderazgo de Pimentel se ha debilitado incluso entre sus propios agremiados.
Y en la Corte: silencio y “normalidad”
A la suspensión de labores de los trabajadores se sumó ayer el de los jueces y magistrados federales coordinados por la JUFED que, como ya se había anunciado, se puso en marcha desde el primero minuto del 20 de agosto. Con ello cesaron los trabajos en todas las sedes donde hay juzgados y tribunales, salvo para la atención de casos urgentes.
Caso contrario es el de los trabajadores de confianza que laboran en la sede administrativa del Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde las jornadas laborales han continuado con normalidad hasta la fecha.
Cuatro funcionarios judiciales consultados por MILENIO indicaron que no han tenido más información de sus jefes.
“Nosotros seguimos como siempre, aunque sabemos que la situación está complicada. En realidad, es muy poco lo que nos dicen”, dijo una trabajadora del edificio de la Corte en Pino Suárez.
El martes, la Corte suspendió su sesión pública y, a petición de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se reunieron en privado para analizar una posición conjunta respecto a la reforma sin que, según un comunicado posterior, se alcanzara un acuerdo. Se espera que este jueves se reanude la discusión.
En cuanto a la suspensión de labores de los trabajadores, es un tema que el pleno no ha analizado ni ha emitido ningún tipo de posicionamiento institucional.
Ayer aproximadamente un centenar de trabajadores de la Corte realizó una manifestación simbólica en apoyo pero después siguieron con sus labores.
EHR