La industria tabacalera junto con dueños de cadenas de restaurantes, bares, establecimientos de recreación y tiendas departamentales y de conveniencia, han interpuesto alrededor de 2 mil 500 amparos contra la Ley General para el Control del Tabaco (entró en vigor el 15 de enero de 2023) para revertir la prohibición de la exhibición de cajetillas en los puntos de ventas, así como fumar en espacios públicos cerrados.
En la presentación de la XVIII Evaluación de la Sociedad Civil sobre Políticas Públicas para el Control del Tabaco. Retos de la implementación de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx destacó que Walmart , Oxxo, 7 Eleven y otras cadenas de puntos de venta, incluyendo, restaurantes y casinos, se han dado a la tarea de promover “una lluvia de amparos con jueces de dudosa integridad” bajo el argumento de quiebra económica y con la finalidad de debilitar su aplicación.
El coordinador legal de Salud Justa Mx, Maximiliano Cárdenas, explicó que hasta el corte de la evaluación sobre la implementación de la ley se tenía un registro de mil 924 amparos en el país, de los cuales 870 se solicitaron en la Ciudad de México.
Afortunadamente, destacó, de los 870 amparos más de la mitad han sido desechados por no ajustarse a un interés legítimo jurídico, están fuera del sistema y no pueden ser analizados por los jueces de distritos.
“En nueve de cada 10 amparos se ha decidido no otorgar la suspensión con respecto al reglamento vigente impugnado, es decir, ha prevalecido el derecho a la salud y al interés público; sin embargo, uno de cada 10 caso, en diferentes estados de la República, si se ha otorgado la suspensión provisional permitiendo a los particulares seguir exhibiendo y que las personas sigan teniendo zonas de fumar en bares y restaurantes, casinos, privilegiando la libertad de comercio”, detalló.
“El Poder Judicial no ha sido uniforme en sus criterios: hay jueces de distrito que determinan y valoran el derecho a la salud y el interés público a través de la determinación de no otorgar suspensiones, pero hay algunos jueces que han beneficiado a los comercios y de la industria propiciando una contradicción, lo cual, resulta grave porque se promoverán más amparos y algo que se denomina leyes en acción en la que el gran reto, más allá de que se logró en el Congreso de la Unión una ley unánime, será la aplicación de la norma por la autoridad”, aseveró.
El reto del Poder Judicial recae en analizar las reformas considerando el derecho a la salud de la ciudadanía, y si las modificaciones del Reglamento generan limitaciones irrazonables a la libertad de comercio. Lo anterior, toda vez que no existen estudios que acrediten el supuesto daño que sufren restaurantes bares o tiendas de conveniencia y, por el contrario previo a la publicación del Reglamento, la Conamer concluyó que los beneficios del reglamento “eran mucho mayores y que las afectaciones económicas eran menores”, añadió Cárdenas.
En el Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, Salud Justa, junto con otras organizaciones antitabaco, destacaron los desafíos para implementar las reformas a la ley y su reglamento y la forma en la que México, por primera vez en su historia, llega al cierre del sexenio con la implementación de políticas de salud pública contra dicha adicción que causa 16 mil 408 casos de cáncer y 94 mil 33 infartos y hospitalizaciones por enfermedad cardiaca, así como 43 mil decesos de acuerdo con datos del investigación el Instituto Nacional de Salud Pública.
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Juan Núñez Guadarrama, coordinador de la Coalición México Salud-Hable, explicó durante la presentación que ningún establecimiento corre peligro de quebrar por cumplir una ley votada unánimemente por legisladores de todos los partidos, la cual fue sometida dos veces a un proceso de consulta pública entre investigadores, autoridades de salud, legisladores y miembros de la sociedad civil.
Para Adriana Rocha Camarena, directora de sociedad civil y asunto legislativos en Polithink, “el reporte nos obliga a reflexionar sobre las necesidades reales del control del tabaco. Contar con un marco normativo completo y sólido es sin duda la base de la política pública, pero ¿es suficiente? No, no lo es. La falta de voluntad política para llevar a la práctica las normas y una muy deficiente o nula implementación de la ley por parte de las autoridades, son hoy día el pendiente más grande con la ciudadanía”.
LP