Más de 12 mil solicitudes de información pública se formularon el año pasado en Tamaulipas, de las cuales hubo inconformidad en el 16.8% de las respuestas proporcionadas.
El Instituto de Transparencia de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales en el estado, dio a conocer que en 2022 se promovieron 12 mil 071 peticiones a los sujetos obligados, es decir, a las diferentes dependencias públicas que por ley tienen que contestar.
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De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, fue un total de 2 mil 037 los recursos de revisión interpuestos el año pasado, derivados de las respuestas que se dieron a las solicitudes en cuestión.
De estos reclamos, quien más fue señalado es el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas con un total de 370 recursos, según la información proporcionada, aunque no se especifican a detalle las causas.
Al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información se le ha preguntado en la referida plataforma por qué razón el órgano garante de Tamaulipas tarda demasiado en darle trámite a las solicitudes y recursos de revisión, respondiendo en algunos casos que hay casos donde se pide algo que ya se encuentra en el sistema de gestión.
Inclusive, ha argumentado que el instituto no se encuentra obligado al procesamiento de la información mediante la elaboración de documentos ad hoc.
En enero de este año, durante el último informe de actividades, se dio a conocer que se atendieron 856 denuncias y se otorgaron 31 medidas de apremio, 25 amonestaciones públicas y 6 multas por 86 mil 500 pesos.
En la entidad hay alrededor de 237 sujetos obligados, término que se emplea para referirse a todo aquel ente que maneja recursos públicos y está obligado a subir a sus respectivos portales información como sueldos, ingresos, egresos, contratos, entre otros conceptos, y a la vez contestar solicitudes de transparencia que envía la ciudadanía.
La Ley de Transparencia arrancó a nivel nacional en 2007 y en Tamaulipas se crea el ITAIT en 2008, pero fue hasta 2017 cuando se reformó la ley para darle al Instituto la facultad de aplicar sanciones por opacidad.
SJHN