Tamaulipas otra vez perdió 120 millones 987 mil 020.8 pesos para seguridad pública, con la desaparición del Fortaseg en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, dinero que se empleaba para la compra de patrullas, equipo y capacitación, y que de acuerdo a la Mesa de Seguridad y Justicia es un error grave pues atenta contra el avance que ha tenido la entidad.
Por segundo año el PEF no contempla ningún fondo destinado para fortalecer la seguridad de los municipios que tiene alto índice delictivo, pues este año tampoco no se asignaron recursos para el Fondo de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, con ese subsidio los 286 municipios con mayor índice delictivo del país, podría fortalecer con equipamiento y capacitación sus corporaciones de seguridad, en el caso de Tamaulipas, los ayuntamientos entregaban el 90 por ciento de los recursos dados por la federación al estado, que brinda el servicio de seguridad con el sistema de mando único.
Con ese subsidio, de acuerdo al manual de la Federación, “se podía pagar aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública”.
En el caso de Tamaulipas eran en total 9 municipios los que recibían el recurso, al final Tamaulipas recibía un monto por 120 millones 987 mil 020.8 pesos, que dejó de recibir este año, y se tenía la esperanza de poder recuperar en el 2022, pero no fue así.
Con estos ya son dos los fondos que la Federación desaparece para que los municipios y los estados puedan fortalecer sus corporaciones, pues en el 2017 Programa Nacional para la Prevención del Delito (Pronapred), donde la entidad recibía 11 millones 208 mil 701.00 pesos, que tenía como objetivo
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Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante su participación y desarrollo de competencias, reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria y promover la formación de capacidades técnicas para la prevención social de la violencia y la delincuencia en los servidores públicos de municipios/demarcaciones territoriales, entidades federativas y Federación
Tras la protesta en tribuna que hizo el diputado panista, Gerardo Peña, reclamando la omisión de este fondo en el presupuesto, la legisladora Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, contestó que el objetivo de la decisión es que los estados y municipios se comprometen de manera real en seguridad pública local, pero además argumentó que los estados reciben el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), pero también pueden disponer el 20 por ciento de su presupuesto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (Fortamun-DF).
FASP creció solo 3 por ciento
De acuerdo a la propuesta que fue aprobada por la cámara de diputados el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, de donde las entidades y municipios deberán tomar el grueso del dinero para fortalecer sus corporaciones de seguridad, se quedó prácticamente igual que en el 2021.
El aumento a este fondo fue apenas de 292 millones 049 mil 749 pesos, es decir de un 3 por ciento, y se van a distribuir entre todos los estados del país 7 mil 988 millones 049 mil 749 pesos.
Es probable que Tamaulipas reciba un presupuesto en este rubro de alrededor de 286 millones de pesos.
De acuerdo con la Mesa de Seguridad el otro fondo disponible para que los estados se puedan hacer de recursos es el Fortamun, que de acuerdo a sus lineamientos las entidades federativas lo pueden “destinar a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”. Es decir, una parte de estos recursos se pueden utilizar para seguridad pública, un 20 por ciento, sin embargo se usa para el pago de nómina de policías y el gasto corriente.
SJHN