Las impugnaciones de los comicios de gobernador no alteran el proceso de transición ni significan que haya ingobernabilidad, señaló el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Ramos Charre.
“La Constitución federal como estatal señalan que los medios de impugnación no surten efectos suspensivos, no interrumpen aquellos actos que las leyes establecen para la transición del poder público y el 1 de septiembre deberán iniciar los trabajos correspondientes, con independencia de que en ese momento se haya resuelto o no”.
Expuso que el Tribunal Electoral de Tamaulipas y, en su caso el Tribunal del Poder Judicial de la Federación definirán si existieron situaciones que vicien el resultado de la elección y sean de tal magnitud para anular los comicios, por lo que su tarea conlleva una gran responsabilidad.
“En Tamaulipas no tenemos un escenario de ingobernabilidad como tal, no tenemos ningún foco rojo en donde los electores estén inconformes por los resultados y en todo caso son los partidos los que están haciendo uso de los medios de impugnación, para que sean las autoridades jurisdiccionales quienes diriman si la actuación de las autoridades electorales se apegó o no a derecho”.
Destacó que la entidad fue la más participativa en el proceso electoral que se celebró el pasado 5 de junio en seis estados, al acudir el 53% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, de tal manera que emitieron el sufragio 1 millón 454 mil 780 personas.
Detalló que en Tamaulipas nunca se ha dado la nulidad de una elección, pero sí en la historia de los procesos electorales en nuestro país y suman tres casos en 22 años, siendo emblemáticos del México contemporáneo: Tabasco en el año 2000 y Colima en 2003 y 2015.
Solo tres elecciones anuladas en 22 años
Ramos Charre citó que en el primer caso, en Tabasco, PAN y PRD denunciaron apertura ilegal de paquetes electorales, entrega de recursos materiales por parte del gobierno priista, una mayor difusión en medios de comunicación a favor del PRI y que la diferencia entre el primer y segundo lugar era del 1.8%.
En 2003, los mismos partidos denunciaron en Colima la intervención del gobernador, difusión de campañas de gobierno en medios, participación del Ejecutivo en cierre de campaña, detención de personas identificadas con el PAN con motivo de la jornada electoral y presión a los electores a través de retenes policiacos donde se revisaba la credencial de elector.
Agregó que en ese estado, en 2015 se señala la indebida intervención de secretarios del gabinete en horas hábiles durante la campaña electoral y son esos los tres antecedentes de casos donde resultó procedente la nulidad de la elección.
CGCH