Tamaulipas se ha rezagado en la expedición de una ley en materia de desapariciones que debió aterrizar para estar acorde al marco jurídico nacional creado en 2017 a fin de facilitar la localización de personas.
Cinco años después, no es la única entidad federativa que todavía no legisla sobre el tema, pero sí uno de los casos donde más urge contar con este instrumento legal para atender la problemática.
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Se trata de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual entró en vigor a partir del 2018.
Dicha ley distribuye competencias y define la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos.
Objetivo de la ley
El objetivo es prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones y garantizar la protección de los derechos de las víctimas hasta que se conozca su paradero.
Además de Tamaulipas, los otros estados que no han armonizado esta ley son Campeche, Colima, Durango, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. Todos ellos han incumplido el Artículo Noveno Transitorio que ordena la armonización a las entidades federativas, señaló la diputada federal Minerva Carrasco.
Ella presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los estados omisos a hacer su trabajo legislativo, pues a pesar de los esfuerzos, nuestro país continúa viviendo una crisis humanitaria.
En su exposición de motivos, mencionó que cuando se creó la citada ley general, se dispuso que los estados debían emitir y, en su caso, armonizar la legislación en los 180 días siguientes a su entrada en vigor, plazo que venció desde el 15 de julio 2018.
“Es importante que estas 10 entidades cuenten con un marco legal en materia de desapariciones, eso permitiría prevenir, atender y erradicar la crisis, además de que cumplirían lo dispuesto en la ley federal y se haría justicia a las víctimas y a sus familias”, concluye. Su propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.
CGCH