La tarde en la que Jonathan Francisco Henríquez Serrano se tatuó el nombre de su madre, Vilma, ignoraba que el homenaje en su brazo izquierdo –acompañado de una flor– sería una condena que lo tiene en la antesala de purgar 20 años de prisión por el delito de pertenecer a agrupaciones ilícitas.
El 3 de abril de este año, el también atleta olímpico se dirigía a su casa ubicada en la colonia Espiga de Oro, cuando una patrulla le cortó el paso y lo detuvo como parte del régimen de excepción que se vive en El Salvador desde el 26 de marzo.
Ni las decenas de medallas y trofeos que ganó representando a su país en halterofilia fueron suficientes para que las autoridades se dieran cuenta que no pertenece a una pandilla.
Los dos tatuajes, la rosa con el nombre de su madre y una pesa en el brazo derecho, lucen como recordatorios de su historia. Marcaron su futuro.
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Y es que en el país del presidente Nayib Bukele esto es un delito. La tinta en la piel (tatuajes), la tinta en el papel (prensa crítica) y la tinta en los muros (graffiti) se han convertido en un pasaporte para viajar a la cárcel.
Estas medidas han orillado a los integrantes de la Mara Salvatrucha y otros jóvenes a cubrir su piel con maquillaje, como lo reveló el presidente Bukele que en su cuenta de Twitter el pasado 22 de abril, cuando se burló de las acciones: “Pandillero usa varias capas de maquillaje, para tratar de ocultar sus tatuajes”.
Los atropellos a los derechos humanos que denuncian organizaciones sociales y asociaciones de periodistas han calado en la sociedad salvadoreña, donde se reproducen voces que caracterizan a Bukele como “el Trump centroamericano”.
Otros piensan distinto. En los restaurantes del centro de la capital, a donde acuden las clases con holgado poder adquisitivo, celebran las medidas que están conteniendo los índices de violencia.
Varios comensales comentan que se sienten seguros con los operativos conjuntos de la Policía Nacional y el Ejército desplegados en los puntos dominados por las maras, lejos, muy lejos de las zonas donde predomina la tranquilidad.
Incluso hay restaurantes que ofrecen sus alimentos gratis a las fuerzas de seguridad como agradecimiento a sus labores.
También la clase popular, la trabajadora, respalda las medidas. Los salvadoreños que descienden del transporte público al menos cuatro veces al día para ser inspeccionados afirman que las acciones del gobierno valen la pena.
“No importa bajarme a cada rato, que vean que no soy marero, eso nos da mayor seguridad”, comentó un pasajero.
Los comensales de los puestos de comida de la calle celebran la medida de una manera más discreta, pues durante décadas han sufrido el cobro de renta de las bandas delincuenciales.
“Nos sentimos un poco más en paz, son las primeras semanas que no nos cobran por estar aquí, nos pedían hasta 10 dólares por puesto, vea cuántos somos –en un calle las maras ganan entre 30 y 300 dólares–, esperemos que ya no vuelvan”, comenta una señora que prepara pupusas en un amplio comal.
De acuerdo a encuestas locales, 9 de cada 10 ciudadanos respaldan la llamada “guerra contra las pandillas” que, a un mes de su declaración, ha dejado como saldo 18 mil “terroristas” detenidos y 11 días de cero homicidios en todo país.
Violación de derechos
El 26 de marzo de este año, El Salvador vivió la mayor jornada de sangre de los últimos 20 años, con 62 asesinatos en menos de 24 horas.
Los crímenes fueron tomados por el gobierno como una provocación, un reto, que tuvo una respuesta de las mismas proporciones.
En menos de siete horas el presidente Bukele envió a la Asamblea Legislativa un decreto de régimen de excepción que suspendía cuatro garantías individuales de los artículos 7, 12, 13 y 24 de la Constitución.
- Se suspende el derecho a la libertad de reunión y asociación.
- Se cancela que el detenido sea informado de la razón de su aprehensión y el derecho a tener un abogado.
- Ahora se permite que las autoridades intervengan correspondencia y comunicaciones sin tener una orden judicial.
- Se amplía la detención administrativa sin límite de tiempo (antes era de 72 horas) y autoriza a la Policía Nacional Civil a detener a cualquier persona que considere sospechosa sin tener evidencia que respalde su aprehensión.
El coordinador de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, afirmó a MILENIO que el abrumador voto a favor de su grupo –67 a favor, 13 ausencias, cuatro abstenciones y cero en contra– se debió a que están cansados de que las víctimas siempre sean los “buenos salvadoreños, hoy las víctimas las están poniendo ellos porque estamos llenando las cárceles con pandilleros”.
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En contraste, la especialista en derechos humanos, Celia Medrano, aseguró que este régimen de “manodurismo” es “altamente populista y explota lo peor de las personas”.
Agregó que el decreto viola las garantías individuales al no informar los cargos que se les imputan, las pruebas del delito, el no acceso a un abogado ni a un juicio justo.
Los operativos
El equipo de MILENIO acompañó a efectivos de la policía municipal y Nacional de El Salvador en uno de sus operativos desplegados en Distrito Italia, zona que desde hace varias décadas ha sido controlada por las maras.
Sus pobladores cuentan que “los políticos cuando querían campaña tenían que pedir permiso a los ranfleros –máximo rango dentro de la estructura delincuencial– para entrar”.
Las actividades policiacas están acompañadas del Ejército y consisten en poner filtros en los accesos viales y descender a todas las personas de sus vehículos y hacerles un cateo corporal. A los hombres les piden levantarse las playeras para ver si tienen tatuajes, de ser así, son detenidos e ingresados en El Penalito para luego ser trasladados a un centro penitenciario.
Durante uno de los operativos, el jefe policiaco pidió al camarógrafo de MILENIO Televisión, Hugo Armando López, “taparse” el tatuaje de su hombro para evitar que les reprocharán “no detenerlo”, pues “tenemos la orden de detener a todas las personas con tatuajes”.
Así fue como la tarde del 3 de abril el atleta olímpico Henríquez Serrano fue detenido en la esquina de su casa cuando regresaba de ver a su novia.
“Lo tienen en el penal de Izalco y no lo he podido ver… Tiene su audiencia en 5 meses para conocer las acusaciones. Pero lo detuvieron por sus dos tatuajes, porque mi hijo es bueno y ha representado al país en halterofilia”, comentó su madre Vilma Cortez.
En ese sentido, el juez Juan Antonio Durán Ramírez, alertó sobre las detenciones de cientos o miles de personas que no pertenecen a las pandillas y son detenidos arbitrariamente.
También anticipó el “colapso” del sistema judicial para analizar las pruebas de la Fiscalía en contra de los criminales, toda vez que “no se darán abasto” para las revisiones.
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Con el actual régimen de excepción todas las personas consideradas integrantes de las maras tendrán una pena de 20 y hasta 45 años en la cárcel, mismas que han cuadruplicado su capacidad.
Para el vicepresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Guillermo Antonio Gallegos, se debe aprovechar la inercia del respaldo popular y la mayoría parlamentaria para instaurar “la pena de muerte a los pandilleros”.
Indicó que contra los delincuentes solo se debe aplicar la “represión”, pues los intentos por rehabilitarlos y readaptarlos han fallado. Si algo nos une a la gran mayoría de los salvadoreños es el odio, el rencor y lo que deseamos es que a los pandilleros se les aplique la pena de muerte”.
Autoexilio de periodistas
El cerco contra las bandas criminales sigue avanzando y, de paso, se han criminalizado las actividades periodísticas al reformar la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal. Ahora se han declarado ilegales los grafitis y las placas de los barrios.
Los cambios al código penal establecen “sanción por la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propagandas alusivas a maras o pandillas”.
Además, declara “ilegales textos, pinturas, diseños, grafitis o cualquier forma de expresión visual relacionada a agrupaciones criminales”.
Penaliza con 10 a 15 años de cárcel a quien “elabore o facilitare” textos, pinturas, grafitis en bienes inmuebles que explícita o implícitamente transmitan mensajes o señales “que hagan alusión a maras o pandillas”.
También fija una sanción de 10 a 15 años de cárcel para quienes “por medio del uso de Tecnologías de la Comunicación, medios radiales, televisivos, escritos o digitales reproduzcan mensajes originados o presuntamente originados por las pandillas.
Lo anterior provocó que la Asociación de Periodistas de El Salvador emitiera un comunicado en contra de la llamada “Ley Mordaza”.
Los periodistas explicaron que la reforma busca “criminalizar el trabajo periodístico y únicamente obstaculizan e intimidan el ejercicio del periodismo libre, que es vital para cualquier sociedad que se precie de ser democrática”.
Al ser cuestionada sobre si una entrevista a un líder mara me haría acreedor a una pena de 15 años de prisión, la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, respondió que “sí”, pues a su consideración y de la ley en El Salvador “darles voz a los criminales no es periodismo, sino ser sus voceros”.
Esto orilló a varios reporteros a autoexiliarse para evitar represalias del gobierno por su labor informativa.
En las calles y en los barrios que eran dominados por las bandas, los reos de baja peligrosidad se han encargado de pintar los muros que marcaban los territorios maras.
La especialista en derechos humanos, Celia Medrano, vaticinó un futuro caótico tras la declaración del Estado de Excepción, pues considera que las pandillas se están agrupando y harán alianzas con grupos delincuenciales transnacionales para responder al gobierno de Bukele.
“El gobierno estaría empujando a las pandillas a dar respuesta y generará alianzas con el narcotráfico”, dijo.
Para el líder de Nuevas Ideas, Christian Guevara, El Salvador está dando un ejemplo a nivel mundial de cómo acabar con la violencia de los grupos criminales, incluso dejó abierta una asesoría a los legisladores mexicanos por si quieren aplicar la medida.
“Si le preguntas a un mexicano promedio, te aseguro que ellos estarían felices de que los gobiernos tanto del estado o federal tomaran medidas así de fuertes contra el crimen organizado allá. Al mexicano, al guatemalteco, al panameño, al hondureño, al colombiano, ellos como ciudadanos te aseguro que están viendo un Estado de El Salvador sólido”.“Con gusto podemos asesorar a los gobiernos, a los funcionarios que nos busquen y que nos digan cómo hemos trabajado, cómo hemos atendido la violencia, cómo se logró esa reducción tan drástica y nosotros lamentamos también que la sociedad mexicana sufra la violencia, creo que este caso no es de las pandillas, pero sí es del narco que igual es una estructura de crimen organizado muy fuerte con muchos recursos económicos. Pero podemos dar un pequeño aporte a quien lo solicite, no sólo en México, sino en toda Latinoamérica, de ayudar”, ofertó.
EHR