El pleno del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) acordó medidas cautelares a favor de la presidenta municipal de Amanalco, Elena Martínez Robles, quien ha sido objeto de violencia y no ha podido ejercer el cargo en la sede del municipio.
A 34 días del conflicto que existe entre el síndico del municipio y la alcaldesa, quien ha denunciado lesiones y amenazas, el pleno determinó que Miguel Ángel Lara se debe abstener de realizar cualquier conducta u omisión que pueda afectar el ejercicio del cargo de la presidenta, así como aquellas que puedan constituir violencia política en razón de género.
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Por lo cual no puede afectarla verbal, física, psicológica, de manera política no de cualquier otra manera que puedan menoscabar sus derechos ni los de su familia, por lo que en el desarrollo de las sesiones deberá conducirse con pleno respeto y en los comunicados escritos, evitando a toda costa la obstrucción en el ejercicio de su encargo.
Tampoco puede acercarse al domicilio de la alcaldesa o a lugares públicos donde ella se encuentre.
Se vinculó a la Secretaría de Seguridad de la entidad y al titular de la dirección de Seguridad Pública Municipal para que custodien a la presidenta las 24 horas del día, con los elementos que sea necesario, toda la semana, en el trayecto de su casa al palacio municipal y en el desarrollo de su actividad pública y privada, tanto en el ámbito personal como familiar hasta en tanto se resuelva el presente asunto en definitiva.
Lo mismo ocurre con los regidores y regidoras, quienes deben abstenerse de cualquier acto u omisión que afecte los derechos político electorales de la alcaldesa y conducirse con el absoluto respeto a la investidura de la presidenta.
Pidieron al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas de la entidad para que en un plazo máximo de tres días hábiles le entreguen un botón de pánico y la auxilien de inmediato si es necesario.
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Quien no acate este acuerdo será sujeto de sanciones que van desde el apercibimiento, amonestación, multa de 300 UMAS, auxilio de la fuerza pública y, o arresto por 36 horas.
También dieron vista a la Comisión de Derechos Humanos para que todas las autoridades desplieguen, a la brevedad las acciones necesarias para proteger y salvaguardar los derechos de la actora, tanto en lo personal como en lo familiar, que puedan poner en riesgo su integridad física y psicológica.
KVS