El Tribunal Electoral desechó las primeras ocho impugnaciones de integrantes del Poder Judicial en contra de la elección de juzgadores, porque presentaron sus demandas fuera del plazo legal.
MILENIO publicó este miércoles, que trabajadores del Poder Judicial, incluidos los y las juezas y magistradas que resultaron sorteadas para que sus cargos se sometan a elección popular en 2025, ‘invadieron’ el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con juicios electorales que ya superan los 400, en los que acusan violaciones a sus derechos humanos.
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Este miércoles, la Sala Superior del TEPJF comenzó a resolver los primeros casos, con ocho proyectos del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que fueron desechados, es decir, ni siquiera se analizó lo que alegaban pues presentaron la impugnación fuera del plazo legal.
“La Sala Superior considera que las demandas demandas deben desecharse de plano porque su presentación fue extemporánea. Todo medio de impugnación interpuesto fuera del plazo genérico de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de la resolución o acto impugnado o que se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, debe ser considerado como extemporáneo y, por lo tanto, desecharse”.
Estas demandas son del juzgado primero de distrito con sede en Tabasco y que buscaban revertir el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con el que se aprobó el arranque del proceso electoral federal para cumplir con la reforma judicial.
Un juicio fue presentado directamente por la jueza Laura Paloma Morteo Reyes, otro por la actuaria del juzgado Brenda Carolina Ramírez Salomón; uno más por Kristhian Álvarez del Castillo Huergo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil federal en Tabasco y otro más por el actuario Jhonny Ordoñez Silva. Ninguno lo hizo respetando los plazos legales previstos.
El resto de los más de 400 juicios están distribuidos entre las cinco magistraturas que deberán resolver en los próximos días y que buscan, por un lado, frenar el proceso electoral desde el INE; y por el otro, revertir la insaculación del Senado de la República, el proceso para declinar a la elección y la forma en que se conformarán las listas de candidaturas que irían a campaña en 2025.
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