El Tribunal Electoral confirmó que María Luisa Albores, como secretaria del Bienestar, y Gabriel García, como coordinador de Programas Sociales del gobierno federal, orquestaron una estrategia masiva de promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador al ofrecer programas sociales, para dar “una ventaja indebida” a los candidatos de Morena en las elecciones del 2019.
En definitiva y última instancia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cerró así la investigación de más de dos años tras una denuncia interpuesta por el PRD en agosto de 2019, en contra de los encargados de los programas sociales del gobierno federal y servidores de la nación que con chalecos con la imagen de López Obrador ofrecían programas sociales al realizar el Censo del Bienestar 2019 en medio del proceso electoral de ese año.
“La forma como se entregaron los programas sociales, con vestimenta estampada y dedicatoria de Andrés Manuel López Obrador, y su difusión en las redes sociales, tiene un impacto en todo el electorado, independientemente de que hubiese o no un proceso electoral en curso”, concluyeron por unanimidad.
El 17 de septiembre, la Sala Regional Especializada confirmó que los entonces secretaria del Bienestar, María Luisa Albores y el coordinador de programas sociales Gabriel García, mientras que en los 40 funcionarios denunciados concluyó responsabilidad sólo en tres que operaron en las entidades con proceso electoral, lo que fue impugnado por los afectados.
La magistrada Janine Otálora presentó el proyecto con el que se cerró el caso, no sólo confirmó la sentencia de la Sala Especializada sino la reforzó al considerar que de los 22 servidores públicos a los que se les comprobó que usaron propaganda personalizada del Presidente de la República, todos son responsables y no únicamente los que operaron en ciertas entidades, pues la difusión también se dio en redes sociales, lo que no se limita a una zona territorial.
El proyecto confirmó la responsabilidad de los entonces delegados estatales Rodrigo Abdalá Dartigues, Aldo Manuel Ruiz y Jennifer Cristel Salas; y de los 37 servidores públicos en estados sin proceso “se declara existente la responsabilidad de 22 de ellos al distribuir propaganda gubernamental personalizada del titular del Ejecutivo”.
Así como la “responsabilidad de María Luisa Albores González, titular de la Secretaría del Bienestar, y Gabriel García, entonces coordinador, a partir de la falta de cuidado por las acciones llevadas a cabo por ellos mismos relacionada en propaganda gubernamental”.
La magistrada explicó: “resulta obvio que existió una estrategia masiva de promoción personalizada”, para dar “una ventaja indebida a las candidaturas” de Morena, al ofrecer programas sociales “a nombre del presidente de México”, pero respaldó que no se fincaran responsabilidades a López Obrador.
La sentencia únicamente revocó la decisión de la Sala Especializada de dar un plazo de 30 días al Órgano Interno de Control de la Secretaría del Bienestar amonestar a todos los implicados, por exceder sus facultades para fijar prórrogas, por lo que sólo se confirmó la vista sin tiempo específico para cumplir.
JLMR