El Tribunal Electoral confirmó en votación privada el acuerdo del Instituto Nacional Electoral con el que ordenó a Morena, a su presidente nacional y a funcionarios públicos, abstenerse de realizar eventos proselitistas iguales o similares a los de Coahuila y Estado de México porque sí podrían afectar los próximos procesos electorales.
Sin embargo, revocó la orden a un total de 30 personas y pidió a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que justifique el por qué considera necesario ampliar esta orden a quienes ni siquiera fueron mencionados en las quejas presentadas.
MILENIO dio a conocer el 12 de julio el proyecto que la magistrada Mónica Soto circuló a sus pares en el que proponía revocar el acuerdo del INE y permitir que Morena continuara con estos eventos, pues consideró que la autoridad electoral partió de una “falsa analogía” y se trataban de actos futuros de realización incierta.
El proyecto fue rechazado por mayoría de votos bajo la modalidad de votación privada y virtual, mecanismo que MILENIO dio a conocer en los últimos días, con el que ahora, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite sentencias desde WhatsApp.
Mónica Soto sólo tuvo el respaldo de los magistrados José Luis Vargas y Felipe Fuentes, mientras el resto confirmaron las medidas cautelares en contra de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal Ávila, senador; Ignacio Mier, diputado federal; Aleida Alavez Ruíz, diputada federal; Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero y Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena.
Por lo que, en definitiva y sin posibilidad de que Morena presente más alegatos o impugnaciones, la mayoría de las magistraturas confirmaron las medidas cautelares contra estos funcionarios y dirigentes por su participación activa en el evento que denunció el PRD que implica que eliminen publicaciones de redes sociales y eviten cualquier evento similar, el cual afecte las elecciones del 2023 y la renovación presidencial en 2024.
En el engrose a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la Sala Superior concluyó que “sí se actualiza la posible incidencia en los procesos electorales de Coahuila, del Estado de México y el federal, con su participación activa en diversos eventos en los cuales manifestaron su intención de dar continuidad en el gobierno y posicionar a Morena”.
Y que “la Comisión de Quejas sí valoró la posibilidad de que la conducta ilícita se repita, al tomar en cuenta un evento denunciado con anterioridad y la actitud de las personas denunciadas frente a las infracciones denunciadas, lo que podría generar un riesgo inminente a los principios que rigen los comicios”.
Sin embargo, coincidieron en revocar la parte del acuerdo en el que se amplió la orden a un total de 30 personas, pues no fueron denunciadas y algunas incluso no participaron en el evento de Coahuila como el canciller Marcelo Ebrard o el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
“En consecuencia, la Comisión de Quejas deberá emitir una nueva decisión en la que precise las razones particulares que, en su caso, justificarían las medidas cautelares preventivas y emitir un boletín informativo en el que deberá precisar la nueva conclusión a la que llegue”.
Por lo que el nuevo acuerdo del INE podría confirmar su decisión y únicamente justificarla o de lo contrario, modificarla y limitarla a los funcionarios de los que el TEPJF confirmó la sentencia.
Sin embargo, esta misma tarde el INE emitió un nuevo acuerdo con el que amplió a otras 16 personas la orden que incluyen desde diputados, senadores y dirigentes de Morena en Coahuila, hasta gobernadores en funciones y electos y el procurador fiscal del gobierno federal.
La Sala Superior también consideró ineficaz los alegatos de los implicados que pidieron ordenar al consejero Ciro Murayama que eliminara cualquier tipo de publicación en sus redes sociales en los que hizo comentarios sobre los eventos de Morena.