El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrentará este miércoles su mayor prueba en la antesala de la elección presidencial: no sólo declarar que la revocación de mandato no tiene validez por no haber logrado la participación del 40 por ciento del electorado y tras resolver seis mil 631 impugnaciones, sino definir cuáles violaciones de servidores públicos pasará por alto y cuáles castigará sin concesión alguna.
En nueve horas, ayer la Sala Superior analizó tres dictámenes distintos para determinar, como MILENIO adelantó hace una semana, que “no hay lugar para declarar la validez del proceso de revocación de mandato” al no cumplirse los requisitos constitucionales y legales que marca el artículo 35 constitucional, el cual condiciona la validez de ese ejercicio a que participen el 40 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores y que los resultados sean mayoría absoluta.
Sin embargo, el cambio en los proyectos se centró en 21 páginas en las que el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón exhibía “las malas prácticas que afectaron la normativa electoral, las instituciones electorales y la decisión electoral o el voto de la ciudadanía” y que en el último dictamen fueron eliminadas.
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La primera propuesta de la que este medio obtuvo una copia, concluía como tareas pendientes: emitir una legislación que atienda las características especiales del proceso de revocación de mandato, incluyendo los regímenes sancionatorios y los medios para impugnar, con antelación suficiente; asegurar que existan recursos presupuestales y permitir que se desarrolle como un ejercicio auténtico de participación ciudadana.
En 59 páginas, confirmaba que existió omisión legislativa por la tardanza para emitir las reglas, lo que vulneró la integridad del proceso y disminuyó la certeza. Y que, con el decreto de interpretación auténtica aprobada por mayoría para redefinir la propaganda gubernamental, “el órgano legislativo excedió el marco constitucional”.
Que las controversias constitucionales interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluso en contra de resoluciones inatacables de esta Sala Superior, “exhibieron una confrontación entre diferentes órganos de gobierno que no abonó a la colaboración institucionalidad para garantizar los derechos de la ciudadanía”.
Este dictamen también consideraba que “fue visible” cómo se perjudicó la capacidad institucional del INE a partir de problemas presupuestarios que impactaron en la reducción de casillas, en la disponibilidad de personal e insumos.
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Respecto a las constantes violaciones de servidores públicos, el proyecto destacaba que el INE emitió 18 medidas cautelares en contra de servidores públicos como el presidente de la República, titulares de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, senadurías y diputaciones federal y locales; personas titulares de alcaldías de la Ciudad de México, de dependencias y entidades del Gobierno de la República, así como personas servidoras públicas del ámbito federal y local, de las cuales, el Tribunal Electoral confirmó 14.
Que, de estas 18, en 15 se acreditaron incumplimientos, por lo que “el hecho de que diversos funcionarios públicos hayan soslayado los mandatos de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE refleja una situación preocupante, ya que no solamente se afecta el Estado de derecho, sino que se generan los siguientes efectos:
“Falta de credibilidad y confianza en las instituciones y autoridades; un detrimento de la legitimidad de quienes vulneran el Estado de derecho y la formación de incentivos para dejar de participar políticamente a través de las vías institucionales”.
Por lo que la Sala Superior enfatizaba que “la falta de voluntad para aceptar y cumplir las leyes, afecta la legitimidad del gobierno evaluado con el ejercicio de revocación y la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.
Sin embargo, en un segundo proyecto que se confirmó en uno tercero que será el que votarán este miércoles, eliminan las 20 páginas que exhiben las irregularidades de este proceso a pesar de las resistencias de algunas magistraturas que consideraban indispensable dejar sustento de estas reiteradas violaciones de servidores públicos, cuando aún están pendiente que la Sala Regional Especializada resuelva el uso indebido de recursos públicos y al tratarse de la antesala de la elección presidencial de 2024.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón también circuló su proyecto en el que propone desechar la queja del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que buscaba impugnar que el Instituto Nacional Electoral (INE) incluyera en la declaratoria de resultados de la revocación un informe con las irregularidades durante el proceso, firmas de personas muertas y en prisión, falta de presupuesto para la realización del ejercicio y las constantes violaciones de servidores públicos incluido él mismo.
Hoy la Sala Superior también votará declarar improcedentes las quejas de Movimiento Ciudadano, el PRD, PRI, PT con las que pedían la nulidad del proceso por el uso indebido de recursos públicos, la intervención indebida de personas servidoras públicas que pretendieron influir en la ciudadanía; así como la de Morena en la que solicitaba recuento de votos.
El conteo confirma la participación de 16 millones 502 mil 636 personas, el 17.77 por ciento del total de las inscritas en la Lista Nominal de Electores tras haber resuelto seis mil 631 impugnaciones, de las cuales, seis mil 335 se centraron en quejas por la ubicación de casillas el pasado 10 de abril, mismas que fueron resueltas recordando que el INE debió ajustarse al presupuesto con que contaba.
Luego de la sesión pública de las 11:30 horas, a las 13:30 está programada una sesión solemne como la que se realiza al validar las elecciones presidenciales, pero, en esta ocasión, para confirmar que tras la invalidez del proceso, el país sigue teniendo Presidente de la República hasta el 2024.
En esta sesión estarán presentes el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López en representación de Andrés Manuel López Obrador; los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, Olga Sánchez Cordero; así como el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
EHR