El Plan C quedó firme. El Tribunal Electoral dejó intacta la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, y en el Senado quedó sólo a tres escaños, al concluir que no se pueden imponer nuevas reglas cuando los resultados no les gustaron a algunos jugadores o para frenar eventuales reformas, ni ir en contra de la Constitución y las leyes vigentes.
“Buscan cambiar las reglas del juego una vez que éste ya se jugó y que tuvo resultados que a algunos jugadores no les gustó. Si se quiere cambiar el contenido de la regla es necesario legislar, mientras eso no ocurra, se debe mantener la norma vigente. Nuestro deber no es buscar el aplauso popular.
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“No es la norma, sino los resultados, lo que molesta a los recurrentes. Las reglas podrán o no gustarnos, pero son las vigentes y siempre se han aplicado así, todos los partidos se han visto beneficiados . Jamás ha dependido ni dependerá de la conveniencia del resultado ni los intereses partidistas, es el voto de la ciudadanía el único elemento que históricamente se ha encargado de determinar la integración del Congreso de la Unión”, expuso de la Mata Pizaña.
De forma inusual, con apoyo de gráficas y diapositivas para exponer el porqué no se podían imponer reglas novedosas casi tres meses después de la jornada electoral ni interpretar que cuando la Constitución habla de ‘partidos’ también se refiere a ‘coaliciones’, la magistrada presidenta Mónica Soto comenzó denunciando presiones y amenazas, tanto personales como familiares.
Pero dejó claro, que pese a la intención de “imposiciones y expectativas” con los más de ocho mil juicios interpuestos, la resolución debía apegarse al Estado de derecho y privilegiando las mismas reglas que han favorecido a todos los partidos.
“¿Se están robando votos? No, ¿se está fragmentando el voto? No, ¿vale más el voto de la mayoría? No, se están asignando de manera proporcional y tiene que ver con el resultado que hoy tenemos, ¿el INE violó la Constitución? No, ¿se está destruyendo la democracia mexicana? No, estamos en una asignación democrática, ¿se está destruyendo la pluralidad que es un valor de la democracia? No, hay seis fuerzas políticas representadas en al Cámara de diputaciones y senadurías,
“¿Entonces quién decide? El voto, el Tribunal no da candidaturas ni escaños ni curules, ¿ha resuelto antes esta Tribuna? Sí, ¿puede cambiar las reglas del juego después de que la ciudadanía ya decidió? No, debe ser antes o después”.
Soto Fregoso fue insistente en que “la ciudadanía ya decidió y el voto ya se depositó en las urnas”, por lo que ahora que los resultados son contrarios a algunos partidos, no se puede hacer un ajuste desde el Tribunal Electoral.
“Es una falacia, es decir, una mentira, que el voto esté fragmentado, que no valga lo mismo para cada ciudadano, eso no es correcto decirlo, un voto, un ciudadano y una ciudadana, ¿por qué se distorsiona? Porque depende de lo que la ciudadanía decida en mayoría relativa, se aplica la fórmula, la misma en todas las elecciones para designar cuánto le toca a cada partido político y con las mismas normas y con la misma interpretación, va variando”.
Las impugnaciones de la oposición quedaron a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña quien señaló que aceptar las exigencias de la oposición y cambiar la distribución de partido a coalición, sería “una franca afectación a la certeza jurídica”, pues ni la Constitución ni ninguna ley electoral lo prevé así. De 8 mil 500 recursos que se presentaron, solo se resolvieron 100 promovidos por los partidos políticos y los restantes se desecharon porque los ciudadanos que los promovieron carecían de interés jurídico para impugnar la decisión aprobada por el INE.
Incluso el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón quien no forma parte del bloque mayoritario, dejó claro que las reglas no se pueden cambiar una vez que ya habían sido aprobadas, anunciadas y que con base en éstas, los partidos salieron al proceso electoral, por lo que votó a favor aunque por razones distintas y en contra de una parte del proyecto.
“No puedo darle la razón a las propuestas de las demandas que impliquen alterar las reglas del juego una vez que éste terminó. Ni por las buenas intenciones de evitar regresiones ni por reformas reprochables como ampliar los mandatos de las y los juzgadores que deciden sobre este caos”.
Rodríguez Mondragón proponía dar la instrucción al Congreso de la Unión de que revisen la fórmula para determinar si se puede hacer un cambio para la próxima elección federal de 2027, pero esta propuesta no tuvo respaldo del resto de sus pares.
La magistrada Janine Otálora fue la única en pronunciarse en contra, al advertir que los partidos son los que desde sus convenios de coalición, estaban distorsionando cómo se distribuían las plurinominales, cediéndoles a los partidos minoritarios la votación que no obtuvieron.
Puso como ejemplo que la coalición de Morena-PT-PVEM tiene una distorsión, pues se le asignaron a Morena 145 diputaciones, al PVEM 40 y al PT 34, pero en los hechos, la ciudadanía votó por Morena en 213, por el PVEM en seis y por el PT en ninguno, por lo que los triunfos corresponden a Morena y no a sus aliados. Pero esta propuesta no fue respaldada.
En el Senado, aprobaron por unanimidad la distribución sin darle la razón a ningún partido político.
En el caso de Morena, rechazaron el intento de ‘revivir’ el caso de Ricardo Anaya alegando lo que omitieron en la impugnación que se resolvió desde abril pasado, cuando no mencionaron que tenía todo el sexenio fuera del país.
La Sala Superior determinó que ya se había resuelto la elegibilidad del panista Ricardo Anaya, además de que acreditó que sí tiene domicilio en Querétaro y que no es prófugo de la justicia, pues no existe una orden de aprehensión en su contra, por lo que quedó firme su senaduría.
En cuanto a Lilly Téllez, tampoco le dieron la razón a Morena respecto a que habría perdido el modo honesto de vivir, luego de que la Sala Regional Especializada la sentenció por ilícitos electorales.
En el caso de las impugnaciones de la oposición, también rechazaron que el expanista ahora morenista Javier Corral, sea prófugo de la justicia y por lo tanto, no pueda acceder a la senaduría plurinominal por la orden de aprehensión en su contra de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
“No hay evidencia de que esté sustraído de la justicia. Es posible sostener que la persona denunciada está disponible, por lo que no se acredita que busque evadir la justicia o las acciones de la autoridad”.
Respecto a la impugnación de Movimiento Ciudadano que alegó que hay distorsión entre los votos de su partido y el porcentaje de su representatividad, pues obtuvieron el 10.87 por ciento de la votación en la elección federal, pero tienen una representación real sólo del 3.91 por ciento del Senado, fue rechazado.
Y rechazaron la propuesta de la magistrada presidenta Mónica Soto de cambiar la asignación de curules para darle más espacios a la representación indígena.
RM