El Tribunal Electoral acordó no dar trámite a la orden del juez Rodrigo de la Peza López Figueroa y denunciarlo penalmente, por haber excedido sus facultades y violar a autonomía e independencia de la Sala Superior al imponerles 24 horas para nombrar a dos magistraturas provisionales y sesionar de inmediato con un pleno completo.
MILENIO reveló este lunes, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió este fin de semana una notificación del juez noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza para que en 24 horas nombraran a dos magistraturas decanas como integrantes provisionales y comenzaran a sesionar con un pleno completo.
La organización Comisión Mexicana de Derechos Humanos solicitó una suspensión para que se facultara a la Sala Superior a declarar la validez presidencial sólo con los cinco integrantes actuales, ante la omisión del senado de nombrar vacantes, sin embargo, el juez fue más allá y por el contrario, ordenó en una decisión inédita, que integraran el pleno completo de inmediato.
El plazo venció este fin de semana y ante la advertencia de que en caso de no cumplir aplicaría multas individuales a cada magistrada y magistrado, Janine Otálora pidió a la magistrada presidenta Mónica Soto que se informara cómo actuarían.
Este lunes, la magistrada presidenta Mónica Soto convocó a sus pares a una reunión privada en donde coincidieron en que el juez no tiene competencia para imponerle medidas cautelares a la Sala Superior y mucho menos, determinar cómo se debe integrar este pleno ni ordenar ultimátum ante facultades exclusivas de la propia Sala superior.
En la reunión, coincidieron en que la decisión del juez de distrito Rodrigo de la Peza son injustificadas y excesivas, por lo que acordaron no darle trámite a la orden porque dicho juez no tiene competencias para dictar sentencias relacionadas con la materia electoral y mucho menos, imponerle medidas cautelares a la máxima autoridad en la materia.
MILENIO confirmó que la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón no estuvieron de acuerdo en la decisión mayoritaria de denunciar penalmente al juez ante la Fiscalía General de la República, sin embargo, los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, así como la magistrada presidenta Mónica Soto coincidieron en que esta era la vía correcta para exhibir el exceso de competencias del juez de la Peza.
Además, interpondrán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por el actuar del juez, por exceder sus competencias, por involucrarse en asuntos electorales, por darle órdenes inéditas a la Sala Superior vulnerando su independencia y autonomía, y por haber concedido una suspensión con un efecto contrario a lo que solicitó la organización que la tramitó.
Al término de la reunión, el Tribunal Electoral emitió un comunicado en el que sostuvo que “rechaza de manera categórica el infundado actuar del referido Juez de Distrito al pretender imponer, por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley orgánica y el propio reglamento, las determinaciones que, para el adecuado funcionamiento de este órgano, competencialmente atañen exclusivamente a la Sala Superior.
“Este órgano jurisdiccional se conduce en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y, con estas acciones, refrenda su compromiso institucional ante los mexicanos. En el artículo 99 de la Carta Magna se define a este Tribunal como la máxima autoridad judicial en materia electoral”.
MILENIO detalló este lunes, que la orden del juez de la Peza, quien fue secretario de estudio y cuenta de la ministra presidenta Norma Piña, afectaría directamente en la mayoría actual de la Sala Superior que integra el bloque que ha tenido diferencias con la propia ministra presidenta tras revelar presiones durante el conflicto interno en el relevo de la presidenta del TEPJF.
El senador Ricardo Monreal fue el primero en reaccionar a esta información y coincidió en que era una intromisión "a la máxima autoridad jurisdiccional que dispone de autonomía e independencia".
LP