La Sala Especializada del Tribunal Electoral descartó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y otros funcionarios utilizaron de forma indebida una aeronave de la Guardia Nacional para promover la revocación de mandato y la reforma eléctrica.
Además, confirmaron que cayó en el ilícito de propaganda gubernamental en tiempo prohibido y promoción personalizada a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se deslindó de los eventos.
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió las denuncias presentadas por el PAN y PRD en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador; los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; Energía, Rocío Nahle; Rosa Isela Rodríguez, Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Alejandra Frausto, Cultura; el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja; el director de Operación y Evaluación del IMSS y el senador Armando Guadiana.
Además de los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora; Carlos Manuel Merino, de Tabasco; y Cuitláhuac García, de Veracruz, junto con su secretario de Seguridad estatal; el partido Morena, su presidente, Mario Delgado y la organización ‘Que siga la Democracia’ por los eventos realizados en Torreón, Hermosillo y Xalapa sobre la reforma eléctrica y la revocación de mandato en la que participaron de manera presencial, las difundieron en redes sociales o por ser posibles responsables de la utilización de una aeronave de la Guardia Nacional para trasladarse a dichas asambleas.
Primero, se informó que “el Presidente de México se deslindó de manera oportuna, idónea y necesaria de los hechos, ya que informó que no autorizó el uso de su nombre, silueta o imagen y tampoco participó en los eventos”, por lo que descartaron que López Obrador hubiera buscado un beneficio personal para que la ciudadanía respaldara su permanencia como titular del Ejecutivo en la consulta de revocación de mandato.
Mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López señaló que la aeronave se utilizó para viajar a estos puntos para tratar asuntos de seguridad y no por estas asambleas, al igual que el titular de la Guardia Nacional y la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal aclaró que ella no autorizó el uso de la aeronave porque no está dentro de sus facultades.
Por lo que, los magistrados descartaron el uso indebido de recursos públicos de estos tres funcionarios, pues no se acreditó que hubieran usado la aeronave para promover el voto a favor del Presidente en la revocación de mandato ni su reforma eléctrica, sino por cuestiones de seguridad, propias de sus encargos.
Sin embargo, el proyecto confirmó que al haber hablado durante estas asambleas, el secretario de Gobernación sí incurrió en el ilícito de difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido, promoción personalizada a favor del Presidente de la República y promoción indebida de la revocación de mandato, al tratarse de una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral.
Por lo que se dio vista a su superior jerárquico, el presidente López obrador para que le imponga una sanción.
En el resto de los funcionarios se descartaron ilícito, pues incluso se comprobó que no participaron activamente en los eventos, con excepción de Durazo, Guadiana y Nahle, quienes promovieron en distintas publicaciones o en esas mismas asambleas la revocación de mandato, cuando se encuentra expresamente prohibido en las leyes.
También confirmaron la existencia de propaganda gubernamental e incumplimiento de medidas cautelares del secretario de seguridad Pública de Veracruz.
En cuanto a la organización ‘Que Siga la Democracia’, concluyeron que no organizó los eventos de Sonora y Veracruz “y dado que no es una persona del servicio público, no puede realizar propaganda gubernamental en periodo prohibido, promoción personalizada y tampoco tiene acceso a recursos públicos, además, puede promover la revocación de mandato e incluso difundir el sentido del voto”.
También deslindaron a Morena de la organización de los eventos; así como a Mario Delgado, los dirigentes morenistas y del Partido del Trabajo en Sonora de las acusaciones de propaganda gubernamental o uso indebido de recursos públicos porque no es un servidor público.
JLMR