El Tribunal Electoral respaldó que el INE no investigue al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por los mensajes en los que se lanzó contra sus antecesores y los acusó de posibles delitos, porque se trata de un tema partidista y no de un asunto electoral, por lo que no tienen facultades para intervenir o indagar supuestas calumnias internas.
Con un proyecto de la magistrada Janine Otálora, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó en definitiva, que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE haya desechado la petición de exdirigentes del PRI como Dulce María Suri y Enrique Ochoa de iniciar un procedimiento administrativo en contra de Alejandro Moreno por calumnia.
Quienes estuvieron al frente del PRI fueron acusados por el actual dirigente de haber sido los responsables de difamaciones no sólo contra él, sino contra el partido, además de que señaló que tuvo que dar la cara por los actos de corrupción que ellos permitieron y por haber entregado la Presidencia de la República.
Sin embargo, al impugnar la negativa del INE de iniciar esta investigación, la Sala Superior concluyó que los agravios de los priistas eran infundados, pues la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se limitó a señalar que se trataba de asuntos internos, y no de propaganda político-electoral que pudieran indagar.
“El contenido denunciado no constituía propaganda político-electoral emitida por un partido político y que las expresiones denunciadas presuntamente se emitieron en el ámbito interno de los partidos políticos, esto es, cuestiones relacionadas con su vida interna, en las cuales la autoridad electoral nacional carece de competencia para intervenir”.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue el único que no estuvo de acuerdo, pues sostuvo que esto implicaría que los militantes no tienen cómo defenderse de calumnias de sus propios partidos, pues sostuvo que si se utilizan los recursos y elementos del partido, sí es propaganda política.
“Se trata de mensajes del presidente de un partido político en un acto de partido político, con una chamarra del partido, con el logo del partido y también, otros videos grabados en la que aparentemente es la sede del partido, una oficina del partido. Y el motivo es criticar a exdirigentes del partido, cuestionar su paso como dirigentes relacionándolo con la transferencia ilícita de recursos entre un sindicato y el partido político, el conocido Pemex Gate.
“Es decir, se mencionan hechos que podrían constituir delitos. Esto es, se trata de militantes que fueron dirigentes, que tienen derechos al interior del partido y que, si no pudieran denunciar esto en los términos de calumnia electoral o de violencia política de género, o algún tipo de cuestionamiento que en principio tendría que ser investigado y analizado por la Sala Especializada”.
Sin embargo, la magistrada Otálora reiteró que no se trata de un asunto electoral, por lo tanto, no tienen competencias para intervenir.
“Todas estas declaraciones del presidente del partido político Revolucionario Institucional en contra de presidenta y presidentes anteriores a él, no tienen vínculo con un proceso electoral, sino, como de hecho ya se dijo, con un conflicto partidista, ya que esto se dio en torno justamente a la modificación, primero, en la celebración de una asamblea; segundo, a la modificación de los estatutos del propio partido y, posteriormente, a la reelección del actual presidente”.
Por lo que el dirigente del PRI no será investigado, al menos desde las autoridades electorales, por las acusaciones que hizo en contra de otros priistas, pues esto no tuvo ninguna relación con el proceso electoral sino con la renovación de sus órganos internos.
EHR