El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF) estimó que la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Guerrero, Felicitas Muñiz Gómez, son víctimas de violencia política.
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De acuerdo con la Sala Superior se acreditó que Ruvalcaba Corral ha sido excluida de las comisiones, además de que se le ha omitido en la entrega de la información necesaria para el desempeño de su cargo por parte del resto de los consejeros.
Ante ello, los magistrados estimaron dar vista al Consejo General del INE, quien al ser la autoridad que los designó, analice la actuación profesional de los integrantes del órgano local y determine lo que a su derecho corresponda.
El magistrado Flavio Galván Rivera recordó que es el INE quien tiene facultad de remoción y de vigilancia, por lo que ante la conducta inadecuada o antijurídica que es mucho más grave, de alguno de los consejeros debe imponer las medidas preventivas necesarias.
"El que designa pude remover y el que puede remover puede vigilar y tomar las medidas precautorias necesarias para evitar que un órgano colegiado no funcione adecuadamente, son funciones del Estado, somos servidores públicos y estamos para el servicio público no para los pleitos internos", recalcó.
En su oportunidad la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa anuncio un voto concurrente al considerar que este caso también se configura el acoso y violencia laboral en contra de la consejera de Jalisco.
En el caso de la alcaldesa de Culiapan, Felicitas Muñiz Gómez, el Tribunal Electoral ordenó a las autoridades locales a abstenerse de realizar acciones para impedir el ejercicio de sus funciones.
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La Sala Superior concedió la razón a la funcionaria que denuncio actos de acoso, obstrucción y violencia en su contra, por lo que ordenó al síndico Benito Sánchez Ayala, a las regidoras Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, así como al regidor Humberto Palacios Celino a suspender estas acciones.
Asimismo los magistrados vincularon a las autoridades estatales, a fin de que coadyuven en el cabal cumplimiento del fallo, además de que se dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), así como al Fiscal General del Estado de Guerrero para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho proceda.