El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, sostuvo que en las próximas elecciones mantendrán la división de poderes sin caer en la confrontación, pero dejó claro que seguirán velando por la aplicación firme de la ley y por su independencia como árbitros electorales.
Al presentar el informe anual de labores del TEPJF , el magistrado presidente consideró que “la salud de la democracia” depende de la intensa, benéfica y respetuosa relación entre las instituciones públicas, sin que esto rompa con la división de poderes.
“En todo momento mantendremos la división de poderes, entendiendo que división no significa confrontación. Hay múltiples puntos de coincidencia entre los Poderes de la Unión para impulsar la democracia y los derechos humanos. Por ello apoyamos por la colaboración con los poderes públicos e instituciones del Estado”.
Sostuvo que esto es fundamental para que la democracia mexicana se fortalezca y advirtió que en el proceso electoral del próximo año, en el que se renovarán seis gubernaturas, el Tribunal Electoral seguirá velando por su independencia, porque así lo demanda la ciudadanía.
“Para los comicios que habrán de venir, podemos decir a los partidos políticos, a las candidaturas, a los actores políticos y sobre todo, a la ciudadanía, que protegeremos como lo hemos hecho hasta ahora, la equidad, la libertad y el cumplimiento de la ley".
“Pero debemos ser claros, nosotros estamos llamados a ser árbitros, capaces de juzgar las situaciones y casos que se nos presentan de forma objetiva y neutral. Como jueces y juezas, en una contienda se espera que velemos por la firmeza en la aplicación de la ley, la imparcialidad de nuestras sentencias y la independencia en nuestro actuar”.
En las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el pleno de ministros, de las y los integrantes del Consejo de la Judicatura, y de sus pares magistradas y magistrados de la Sala Superior, Rodríguez Mondragón destacó que en el TEPJF han demostrado que “el consenso convive con el disenso” pues el 93 por ciento de las sentencias emitidas en el pasado proceso electoral se lograron por unanimidad de votos.
Detalló que derivado de las elecciones en las que se renovaron 20 mil 446 cargos de elección popular, recibieron en total 18 mil 242 impugnaciones que fueron resueltas en un promedio de 15 días y el 99.48 por ciento de éstas fueron cumplidas.
El magistrado presidente resaltó que las y los magistrados de la Sala Superior lograron sentencias históricas relacionadas con acciones afirmativas, representatividad, fiscalización, reelección, integridad electoral y nulidades.
“La Sala Superior confirmó los acuerdos del INE en los que se vinculó a los partidos políticos a registrar candidaturas indígenas para diputaciones federales en 21 registros, a registrar por la vía de representación proporcional candidaturas de personas con discapacidad, afromexicanas, migrantes y de la comunidad de la diversidad sexual”.
Con estas sentencias, destacó, en la disputa por las 15 gubernaturas se vinculó a los partidos políticos nacionales a postular a mujeres en al menos siete candidaturas lo que llevó a tener seis gobernadoras electas. En la Cámara de Diputadas y Diputados se logró la paridad perfecta y en los 30 congresos locales renovados, en 18 se cuenta con una integración mayoritaria de mujeres.
También resaltó que se frenó la sobrerrepresentación, se dieron normas para la reelección; en materia de fiscalización estipularon que se puede perder el derecho al registro de una candidatura por no presentar informes de gastos de precampaña; y en integridad electoral, las y los servidores públicos deben apegarse al principio de neutralidad y abstenerse a usar recursos gubernamentales para favorecer a alguna.
En el caso de los influencers del Partido Verde Ecologista de México que violaron la veda electoral promoviendo de manera indebida a este partido, recordó que “aunque cuentan con libertad de expresión, no están exentos de cumplir con principios constitucionales, por lo que se sancionó al partido político involucrado por vulnerar de forma reincidente la equidad en la contienda con actividades de proselitismo pagado”.
En otras sentencias relevantes sobre la impugnación en siete elecciones de gubernatura, mencionó el caso de Michoacán en el que “la Sala Superior decidió no ser ajena a los efectos que la inseguridad tiene para los procesos electorales, por eso flexibilizó el estándar probatorio sobre actos de violencia y dejó sin efectos la votación de cuatro municipios, resolvió que el INE adoptara distintas medidas para hacer frente a circunstancias de esta índole pero se confirmó la validez porque las irregularidades no fueron generalizadas y no se puso en riesgo la autenticidad de la elección”.
Mientras que en la gubernatura de Campeche “se reconoció que cuando existan indicios que pongan en duda el cómputo y el margen entre el primer y segundo lugar sean estrechos, la mejor opción para la certeza es el recuento de los votos”.
Además de casos municipales como el de Iliatenco en Guerrero en donde se anuló la elección por actos de violencia política en razón de género en contra de la candidata que quedó en segundo lugar a tan solo 53 votos del tercero, y en San Pedro Tlaquepaque en Jalisco que se anuló porque “un actor religioso intervino en una elección electoral, se trató de una falta determinante ya que la diferencia de votos era menor al dos por ciento de la votación total”.
Rodríguez Mondragón reconoció al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar “por su apuesta decidida para mejorar las instancias de justicia de este país y nuestra gratitud por su defensa al Poder Judicial”; a la y los integrantes del Consejo de la Judicatura por “su análisis crítico y enriquecimiento constate para que las medidas administrativas del Tribunal sean congruentes con las medidas de eficacia del gasto público”; y a sus pares de la Sala Superior por respaldar la Comisión de Fortalecimiento institucional para una renovación interna.
LG