Por considerar que se debe una rendición cuentas a la ciudadanía, la magistrada Mónica Soto revivió el enfrentamiento que se dio en el Tribunal Electoral hace una semana cuando una mayoría destituyó al entonces presidente José Luis Vargas Valdez, y destacó que pese a las diferencias, demostraron que la institucionalidad y la legalidad están por encima de la subjetividad.
Tras una semana de que se desatara la crisis en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Superior, en donde la única que no emitió ningún comentario fue la magistrada Mónica Soto, quien se quedó como la única que respaldaba al magistrado destituido de la presidencia, consideró “importante” posicionarse en la primera sesión pública con un magistrado presidente interino al frente.
“Considero importante posicionarme y reconocer a la magistrada y los magistrados que integramos siete, su apertura para dialogar y para restablecer el orden jurídico y el orden también en la relación interpersonal e interinstitucional en este pleno.
“Quiero hacer una especial mención a la capacidad que han tenido los magistrados José Luis Vargas Valdez y Reyes Rodríguez Mondragón por haber hecho un esfuerzo y haber puesto toda su capacidad y posibilidad y toda su disponibilidad para construir los acuerdos necesarios e indispensables que requería nuestro pleno y nuestro Tribunal Electoral”.
Señaló que se trata de un momento “importante, trascedente y definitorio” para la Sala Superior y el TEPJF y que tras lo sucedido hace una semana, no se puede obviar una rendición de cuentas pendientes “a la sociedad, a la ciudadanía, a las y los justiciables, a las y los actores políticos, a la comunidad jurídica, a las instituciones del estado mexicano, a la academia, a los medios de comunicación y a toda la comunidad de la impartición de justicia”.
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Destacó que tras las renuncias a la presidencia de los magistrados José Luis Vargas, quien fue destituido por una mayoría, y de Reyes Rodríguez Mondragón, luego de cinco días de ser nombrado por este mismo grupo, se refrendó el compromiso institucional.
“No podía quedar incertidumbre en la impartición de justicia en este tribunal que hará lo que sea necesario para garantizar el ejercicio pleno y la protección de los derechos políticos electorales y llevar a buen término los medios de impugnación.
“Este tribunal ha demostrado que está por encima de cualquier subjetividad que ponga en riesgo la actuación con apego a la legalidad e institucionalidad”.
Reiteró su disponibilidad institucional y su llamado a siempre mantener “el diálogo y la construcción de una mejor relación para garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la impartición de justicia en este órgano de última instancia”.
El posicionamiento de la magistrada Soto no fue respaldado por ningún otro integrante de la Sala Superior, y el presidente interino por ministerio de ley Felipe Fuentes Barrera se limitó a agradecerle “su emotivo mensaje”.
DMZ