El Tribunal Electoral aprobó el acuerdo final con el que llevarán al juez Rodrigo de la Peza ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal, por exceso de facultades, por invadir las competencias exclusivas del Senado y de la Sala Superior, al intentar formar una “integración ilegal” de la máxima autoridad electoral del país.
MILENIO reveló este miércoles, el acuerdo que la magistrada presidenta, Mónica Soto, circuló a sus pares, como propuesta para informar al juez Rodrigo de la Peza que no acatarán su orden de nombrar a dos magistraturas provisionales, con el que pedirán al Consejo de la Judicatura Federal que investigue su actuar y con el que lo denunciarán penalmente ante la Fiscalía General de la República.
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Después de las declaraciones públicas del juez De la Peza justificando su decisión, en la nueva versión en poder de MILENIO, se incluyeron jurisprudencias de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que estaría violando, y que explican el porqué el caso es electoral y no de derechos humanos como él ha insistido para defender su resolución y negar invasión de competencias.
“El Juez de Distrito pretende tutelar derechos político-electorales de manera abstracta, así como el principio democrático al incidir en la integración de la Sala Superior y exceder funciones y competencias del Senado de la República y del Tribunal Electoral.
“Es decir, con el pretexto de tutelar derechos político-electorales de una asociación cuyo objeto es la observación electoral, asume facultades constitucionales que no le corresponden y pretende incidir de manera indebida en la integración del máximo órgano jurisdiccional en la materia electoral”, se lee entre los párrafos que las magistraturas incluyeron para fortalecer la argumentación.
Esta versión que se redujo de 13 a 12 páginas, tuvo algunas modificaciones con la revisión de las cuatro magistraturas que integran el pleno y retiraron frases como que el juez emitió una “resolución intrusiva” o que actúo de forma “contraria a los principios de excelencia y profesionalismo” y que buscó “incidir de manera injustificada, indebida y desproporcionada en la Sala Superior”.
Pero mantienen la conclusión de que “el Juez de Distrito vulneró las atribuciones constitucionales y el actuar autónomo de este Tribunal pretendiendo conformarlo de forma ilegal en la suspensión provisional, se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este órgano jurisdiccional, que presente la denuncia correspondiente con la actuación del juzgador ante la Fiscalía General de la República, así como la queja respectiva ante el Consejo de la Judicatura Federal”.
Con lo que autorizan a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que presente la queja y la denuncia ante las autoridades correspondientes.
La magistrada Janine Otálora votó en contra de la denuncia penal, mientras que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un voto concurrente y un voto particular parcial de 20 páginas, en el que explicó, que la vía debió ser ir ante un Tribunal Colegiado de Circuito para que determinara si era correcta o no la decisión del juez, o en su caso, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera atraer el caso y resolver en definitiva.
Por unanimidad, negaron que el juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México tenga alguna competencia “que indebidamente se irroga el juez Rodrigo de la Peza”; que escapa de sus competencia la integración de órganos electorales; que no puede impugnarse ni aceptar un amparo en lo que atañe estrictamente a la materia electoral.
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Por lo que consideran que se actualizan delitos penales porque se excedió en sus facultades al pronunciarse en materia electoral, excedió sus competencias pues “el procedimiento de designación para integrar el quórum especial de la Sala Superior no puede ser sometido a un control o revisión de ningún órgano jurisdiccional que no sea la propia Sala Superior” y con esta resolución, el juez de la Peza pretendió “conformarlo de forma ilegal en la suspensión provisional”.
MILENIO informó que la Sala Superior buscaba remitir estas respuestas esta misma semana, por lo que hasta esta noche, sólo están pendientes las firmas de algunas magistraturas para comenzar a actuar desde este viernes.
Las magistraturas han dejado claro que al no darle trámite a la decisión del juez que incluía la advertencia de imponerles multas individuales, no están en desacato porque al tratarse de una resolución desde una invasión de funciones, resulta nula su decisión.
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