El Tribunal Electoral desechó los intentos de Morena y sus aliados para revertir el acuerdo con el que la mayoría del Consejo General aprobó acudir a la Suprema Corte para combatir los ‘superpoderes’ que el Legislativo le dio a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei y que son contrarios a las facultades que establece la Constitución.
Tal como lo advirtieron desde la sesión de Consejo General, Morena y sus aliados el Partido Verde y el Partido del Trabajo, acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir el acuerdo con el que se ordenó a la Secretaría Ejecutiva del INE interponer una controversia constitucional.
Esto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir las nuevas atribuciones de la consejera presidenta.
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En sesión pública, el secretario General de Acuerdos se limitó a señalar que la demanda era improcedente porque “la Litis excede el ámbito competencia del Tribunal Electoral”, por lo que, por unanimidad, se desechó la impugnación.
Sin embargo, el proyecto del que MILENIO tiene una copia y que no se hizo público exhibe que las pretensiones de Morena, PT y PVEM implicarían que la Sala Superior asuma atribuciones exclusivas de la Suprema Corte.
En lista, que Morena y sus aliados, acusaron a las y los consejeros que aprobaron este acuerdo de no tener facultad alguna para pretender presentar una controversia constitucional ante una decisión del Poder Legislativo.
Esto, luego de que a través del decreto de la Ley General de Instituciones y Partidos Políticos, se incluyeron nuevas atribuciones de la consejera presidenta Guadalupe Taddei que la Constitución marca que son facultad de todo el Consejo General, como es la designación por mayoría calificada, de titulares de Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas, incluida la Secretaría General Ejecutiva del INE.
Morena sostuvo que la mayoría de consejerías “pretenden cuestionar temas de organización interna, no violaciones constitucionales o derechos humanos, por tanto, excede las facultades del INE”, además de que en este caso, “lo que procede es una acción de inconstitucionalidad para lo que el INE no tiene interés jurídico, por lo que es inviable su pretensión”.
También señala que las consejerías que aprobaron este acuerdo “se basan en falacias”, pues no se afectan en ningún momento “sus funciones como personas consejeras”.
El proyecto del magistrado Felipe Fuentes que fue aprobado por unanimidad, señala que ceder a lo que piden Morena y sus aliados “excede el ámbito de competencia atribuida a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” pues “la pretensión es impedir que el Consejo General del INE interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Así, es evidente que los referidos planteamientos no pueden ser analizados mediante un recurso de apelación promovido ante esta Sala Superior, ya que corresponde únicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer y resolver una controversia constitucional”.
Por lo que el acuerdo del Consejo General se debe cumplir y Claudia Suárez, encargada de despacho de la Secretaría General Ejecutiva del INE debe acatar la orden de interponer una controversia constitucional, en la que explique que el derecho de ley es contrario a lo que marca la Constitución en cuanto a las facultades de las consejerías electorales.
RM