El Tribunal Elector avaló que Alejandro Moreno se quede al frente del PRI con una prórroga hasta que concluyan las elecciones del 2024, al considerar que el cambio es legal y constitucional, no violó los derechos de la militancia y fue válido adelantarse a los cambios previstos que el Plan B les impusiera a los partidos.
La Sala Superior también avaló darle al Consejo Político Nacional el poder de autorizar, suscribir, registrar y modificar alianzas electorales y políticas y la definición de candidaturas en común.
Como MILENIO adelantó ayer, la votación quedó con cinco votos a favor y dos en contra.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otálora votaron en contra por considerar que la prórroga de Alejandro Moreno es cuestionable, limita los derechos de la militancia y no tiene justificación para que no se hiciera en una Asamblea Nacional.
El magistrado José Luis Vargas defendió su proyecto, resumiendo que las reformas priistas fueron constitucionales y declarar lo contrario, sería “incurrir en excesos y correríamos el riesgo de desnaturalizar nuestras facultades”, por intervenir en las decisiones internas del partido.
“No es contrario a la ley ni vulnera los derechos de la militancia porque se decidió por los órganos del partido, en plazos y con apoyo necesario; obedece a un fin legítimo de contar con dirigentes que establezcan las negociaciones ininterrumpidas en el próximo proceso electoral, es de analizar si a la militancia le es de mayor beneficio continuar con su dirigencia u ordenar su renovación.
“Llego a la conclusión que debemos priorizar el derecho de autoorganización del partido político, que actuó válidamente en sus órganos de control frente a fricciones internas de partidos políticos y que deben ser resueltos en esa misma vía partidista y no jurídica”.
Vargas expuso que también es acorde al marco legal entregarle al Consejo Político Nacional la estrategia política del partido para que defina coaliciones o candidaturas comunes para el próximo proceso electoral, que incluye lo relacionado con la elección presidencial.
El magistrado Felipe Fuentes propuso una modificación al proyecto, pues no coincidía del todo con los razonamientos, sino que consideraba que se le debía dar la razón al partido respecto a que la causa justificada para estos cambios era que el Plan B de la reforma electoral les ordenaría ajustes y decidieron adelantarse a implementarlos desde diciembre.
“Considero que el INE debió atender el contexto que llevó al partido a esta justificación, el proceso legislativo estaba concluyendo aunque el final se dio hasta marzo de este año, pero en ese entonces ya había normas aprobadas y era lógico para el partido, que debía prepararse para lo que venía”.
Además, Fuentes destacó que “la posibilidad de darle una prórroga a la dirigencia no es un hecho novedoso, eso ya existía y fue validado por este Tribunal en agosto de 2020; y establecimos que no era una violación a la militancia, y ahora, la modificación implica únicamente cambiar el plazo de tres meses a 90 días hábiles, y tiene como finalidad que la renovación de la dirigencia no incida con el inicio de los procesos electorales y en este contexto, el aprobar esa prórroga es inminente ante el próximo inicio del proceso.
“El plazo es razonable porque no implica una permanencia indefinida sino una prórroga razonada por el arranque del proceso electoral federal y no puede ir más allá de su conclusión”.
A lo que se sumaron el magistrado Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante, por lo que Vargas aceptó hacer este ajuste a su proyecto para que se mantuviera la mayoría junto al voto de su par Mónica Soto.
Prórroga de Alito es cuestionable y da carta abierta al Consejo Político: Otálora
La magistrada Janine Otálora fue la primera en exponer las razones por las que votaría en contra del proyecto, primero y contrario a lo que sostuvo la mayoría respecto a que eran válidos los cambios porque se los ordenaría el Plan B, afirmó que no es justificada esta justificación.
“La defensa del partido es insistir en que lo que generó que el Consejo Político Nacional modificara los estatutos, es la reforma del Plan B, lo que reitera insistentemente a lo largo de su demanda, es decir, tratando de justificar su actuar.
“El partido trata de demostrar que las modificaciones son válidas porque se hicieron acorde con lo ordenado en una reforma, pero en diciembre todavía no terminaba su proceso legislativo y hasta este día en que debatimos este asunto, esta reforma electoral está suspendida”.
Y criticó que avalar los cambios y esta prórroga mediante el Consejo Político y no en una Asamblea Nacional es preocupante.
“Sería inaplicar la norma estatutaria y darle carta abierta al Consejo Político para que modifique cualquier cuestión del estatuto y sólo rinda información a la Asamblea, por lo que en mi opinión, fue correcta la petición del INE. No coincido en la reforma para la prórroga a la dirigencia porque es una facultad de la Asamblea Nacional. Me resulta cuestionable que una norma que ya había sido modificada y que ni siquiera ha sido aplicada, se vuelva a modificar”.
A lo que se sumó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien durante 45 minutos, expuso su voto en contra, concluyendo que para hacer cambios, el partido tiene que partir de cumplir con sus propias reglas internas.
“A mí me parece que el partido no justificó debidamente, sólo habla de la inminente reforma y la organización del partido, pero para mí no es convincente para justificar el no convocar a una Asamblea, ni siquiera bajo la justificación de pertinencia electoral. Cuando hablamos de autodeterminación y autoorganización tiene que ser justamente, respaldando las normas internas”.
Reformas de paridad, en manos del INE
Sin embargo, las magistraturas consideraron que deberá ser el INE el que analice la validez de las reformas en temas de paridad y acciones afirmativas, pues no es el partido el que pueda decidir cómo lo define, sino que debe apegarse a las normas electorales.
El magistrado Indalfer Infante Gonzáles consideró que “para no equivocarnos” era mejor dejar en manos del Consejo General del INE el análisis sobre estas reformas.
“Pero sí creo que los partidos políticos no pueden decir cómo van a sujetarse a aspectos de paridad, tienen que apegarse a las norma electorales, el proyecto dice que es un tema de autodeterminación, pero creo que eso tiene que corregirse, y lo que tenemos que definir ahorita es si tenemos una ley para regularlos porque ante la falta de ley, es cuando el instituto tiene que regularlo”.
Aunque José Luis Vargas y Mónica Soto defendieron que estas modificaciones no eran regresivas, Janine Otálora explicó con sentencias previas de la Sala Superior cómo sí se reducían las oportunidades de las mujeres.
“Nosotros definimos que las acciones se dieran en los primeros 10 lugares, por lo que validar ahorita que sean los primeros 20 lugares sin que la reforma electoral rija un nuevo sistema electoral, es donde sí creo que puede haber un tema de regresividad. Y no pueden validarse en un mismo artículo, candidaturas indígenas y la totalidad de acciones afirmativas”.
Ante lo que Vargas se limitó a señalar que “de lo que dice la magistrada Otálora pues ya no digo nada porque eso se iría ya al INE”.
De esta manera, las magistraturas repitieron la votación del caso de la dirigencia de Mario Delgado en Morena, después de que la semana pasada también avalaran su prórroga hasta el 2024, aunque en esta ocasión se sumó a la votación Mónica Soto, quien en esta ocasión sí asistió a la sesión.