El Tribunal Electoral concluyó que el ciudadano que impugnó las propuestas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para integrar el Comité Técnico que evaluará a quienes aspiren a ocupar tres consejerías y la presidencia del INE no tiene interés jurídico, porque aunque asegure que aspira a participar, ni siquiera existe una convocatoria que lo valide como candidato.
La senadora panista Kenia López Rabadán y un ciudadano que solicitó proteger su nombre, pero que señaló que aspira a ser consejero electoral, impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las dos primeras propuestas que envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos para integrar el Comité Técnico de Evaluación que revisará los perfiles, al acusar que carecen de imparcialidad e independencia y de conocimiento en materia electoral.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña presentó un proyecto en que señaló, primero, que el 27 de diciembre la presidenta de la CNDH envió a la Jucopo una propuesta para sustituir a María del Socorro Puga Luévano por Araceli Mondragón González, por lo que la impugnación en contra de esta primera propuesta, quien fue criticada por ser militante de Morena, “queda sin materia y lo procedente es desechar la demanda”.
Mientras que el caso de Ernesto Isunza Vera sí se analizó de fondo. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso señaló que el ciudadano que presentó una queja no acreditó una afectación a sus derechos político-electorales, porque no señala la aplicación sustancial, particular y directa del acto real y concreto de agravio.
Sin embargo, el magistrado sostuvo que el ciudadano que solicitó proteger su nombre indicó que pretende participar como aspirante a ocupar un lugar en el Consejo General del INE, “motivo por el cual, requiere una adecuada integración del Comité Técnico, a fin de poder ser evaluado por personas idóneas”, por lo que se dio trámite a su queja. En lo que no coincidieron la mayoría de sus pares de la Sala Superior, quienes rechazaron su proyecto y optaron por desechar las demandas.
Primero, el magistrado Indalfer Infante Gonzáles expuso que ya han decidido con anterioridad, que la integración de este Comité Técnico es competencia exclusiva de la CNDH, el INAI y la Jucopo, por lo que “escapa a cualquier control que nosotros quisiéramos hacer en materia electoral”.
Mientras el magistrado José Luis Vargas señaló que, en efecto, desde el pasado procedimiento, cuando se quiso impugnar la designación de John Ackerman, la misma Sala Superior decidió en otro sentido. Pero, además, sostuvo que en este caso lo ideal era un desechamientoporque quien impugna dice que aspira a participar en el proceso, pero al no estar inscrito como tal, no goza de interés jurídico.
“Debe desecharse por falta de interés jurídico porque además no hay convocatoria todavía”, coincidió la magistrada Mónica Soto.
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Por ello, Indalfer Infante decidió sumarse a este análisis: “no tendría inconveniente en sumarme a la falta de interés, porque el actor se basa en una expectativa, diciendo que él quiere participar y se lo damos por bueno”.
Así, el proyecto de De la Mata Pizaña sólo tuvo el respaldo del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y, ante la ausencia de dos magistraturas, se rechazó por mayoría de votos, concluyendo que quien impugnó no tiene interés jurídico para hacerlo, pues no es parte directa del proceso, por lo que no se violan en ningún sentido sus derechos.