La Sala Superior también aprobó, por mayoría de votos, ordenar al Congreso que legislen para garantizar los derechos político-electorales de la comunidad LGBTIQ+.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña sostuvo que es parte de la obligatoriedad a la que está sujeto México en los tratados internacionales de derechos humanos, en lo que no estuvo de acuerdo el magistrado José Luis Vargas quien descartó omisiones del Poder Legislativo.
“Sí me gustaría que me pudieran decir en dónde está, porque eso excedería la suscripción de tratados internacionales, dónde está esa obligación que en los estados internacionales el estado mexicano se compromete en que el legislador legisle en tal o cual sentido, porque entonces habría un exceso de facultades del Ejecutivo de hacerle ejercer acciones al legislador”.
Aunque en otros temas, como la paridad, la magistrada Mónica Soto ha respaldado vincular al Congreso a que legisle en la materia, en esta ocasión votó en contra al considerar que el Tribunal no tiene atribuciones para darle esas instrucciones al Poder Legislativo.
Sin embargo, el proyecto del magistrado Indalfer Infante Gonzáles se aprobó por mayoría de votos, lo que algunas magistraturas calificaron como histórico para darle espacios a esta comunidad minoritaria.
EHR