Aunque las elecciones en México cada vez son más judicializadas, los partidos políticos y hasta el gobierno federal, perdieron el 70 por ciento de las impugnaciones presentadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el anterior proceso electoral, lo que incluyó la pérdida de registros de candidaturas, anulación o ratificación de triunfos y la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador desde sus conferencias de prensa matutinas.
De acuerdo con un reporte interno del TEPJF del que MILENIO tiene una copia y que incluye los juicios electorales desde inicios de 2021, el periodo de campañas y las impugnaciones tras los resultados electorales, hasta la resolución de las gubernaturas y la conformación de la Cámara de Diputados, los partidos políticos nacionales perdieron siete de cada 10 alegatos presentados.
El informe detalla que, hasta septiembre, la Sala Superior atendió mil 384 asuntos de los siete partidos políticos nacionales, sin contemplar a los tres mini partidos Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza Por México (FxM) y el Partido Encuentro Solidario (PES) que perdieron su registro tras no lograr el tres por ciento de la votación.
De estos mil 384 juicios, únicamente 568 lograron una resolución de fondo, el 59 por ciento restante no alcanzaron este estudio porque fueron presentados por la vía inadecuada, porque no contaban con los requisitos de ley ni con elementos para subsanar supuestos errores y el 38.7 por ciento de éstos, fueron desechados de plano.
Del 41 por ciento que sí llegó a un estudio de fondo, sólo en el 30 por ciento los partidos políticos lograron sus pretensiones: revocar acuerdos del INE, multas por irregularidades electorales, ratificaciones de sus candidaturas, echar abajo triunfos de la oposición o ratificar los propios.
Morena es el partido político que más satura a la autoridad electoral con juicios y a su vez, el que tiene porcentajes más altos de casos perdidos. En los nueve meses del 2021 presentó 352 asuntos relacionados con el proceso electoral, 162 se analizaron de fondo y sólo en 36 le dieron la razón. Es decir, perdió el 78 por ciento de los juicios interpuestos.
De los casos más polémicos que Morena perdió están los registros de sus candidatos a las gubernaturas de Guerrero, Félix Salgado Macedonio y de Michoacán, Raúl Morón, por haber incumplido en sus reportes de fiscalización en el periodo de precampañas; o el haber tumbado la diputación local en la Ciudad de México de José Luis Rodríguez a quien incluso ya habían nombrado el coordinador de la bancada. Así como perder los alegatos para frenar los candados para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de diputaciones.
Y de los que ganó, destacan la ratificación de sus triunfos en gubernaturas, principalmente en Michoacán, la única entidad en la que, a pesar de que se confirmó la presencia del crimen organizado, la intervención de personas armadas obligando a la ciudadanía a votar por este partido o el desalojo de representantes partidistas de todas las fuerzas excepto de Morena, se confirmó a Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador electo.
Así como el que la Sala Superior frente a múltiples críticas, ordenara al INE devolver la candidatura de diputaciones federales a Manuel Guillermo Champan Morena y Ana Elizabeth Ayala Leyva a pesar de contar con una sentencia firme por haber cometido violencia política en razón de género.
El Partido Acción Nacional presentó 180 asuntos, 94 resueltos de fondo, únicamente en 31 se les dio la razón y en el 67 por ciento restante perdieron. Uno de los casos más polémicos fue la revocación de la diputación de Daniel Martínez Terrazas por un “evidente fraude a la ley” al hacerse pasar por candidato indígena. Nació en Chihuahua, era diputado en Morelos y el partido lo registró para una diputación indígena como originario de una comunidad de Guerrero.
El PRI interpuso 120 impugnaciones, 56 analizadas de fondo de las que perdió el 70 por ciento, pues sólo le dieron la razón en 17. En los juicios priistas, destaca el de la impugnación en la gubernatura de Guerrero donde buscaban anular el triunfo de Evelyn Salgado de Morena, pero el TEPJF determinó que las pruebas que el partido presentó intentando demostrar una presunta indebida intervención del gobierno federal, eran ilícitas.
Otro de los partidos con las impugnaciones más polémicas en el pasado proceso electoral federal fue Movimiento Ciudadano. En total presentó 96 asuntos, 50 se analizaron de fondo y en 22 le dieron la razón, es de los partidos con menos casos perdidos con un porcentaje de 56 por ciento.
La candidatura de Samuel García por la gubernatura de Nuevo León fue la que tuvo mayores anomalías. El TEPJF le dio la razón a MC al perdonarle la multa de 55 millones de pesos por las publicaciones en Instagram de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez y la redujo a 119 mil pesos únicamente por el video “Arráncate NL rock”; pero confirmó la multa por 28 millones de pesos en contra del partido por haber aceptado aportaciones millonarias indebidas de la familia del hoy gobernador y ordenó al INE determinar si el propio Samuel García merecía una multa directa, aunque a tres meses de esa ordene, el INE no ha acatado.
Uno de los casos más relevantes que ganó Movimiento Ciudadano fue frenar el triunfo de Morena con Layda Sansores en Campeche y ordenar un recuento voto por voto; sin embargo, finalmente, se declaró la validez y confirmó el triunfo de la hoy gobernadora.
Mientras que el Partido Verde Ecologista de México registró 58 asuntos relacionados con el proceso electoral, 21 se analizaron de fondo y sólo en ocho les dieron la razón, el 62 por ciento restante los perdieron.
Este partido, sin duda, fue de los más polémicos por sus reincidentes violaciones en materia electoral por el uso ilícito de influencers que promovían el voto a su favor en plena veda electoral a través de redes sociales. Las y los magistrados coincidieron en que el PVEM tenía ya una estrategia con la que buscaba violar la ley en cada proceso electoral, por lo que aplicaron una multa histórica de 40 millones de pesos y le retiraron por un año, el derecho a promocionales en radio y televisión.
Uno de los casos que ganó, fue la ratificación de Ricardo Gallardo como gobernador electo de San Luis Potosí, pese a las denuncias por presuntos nexos con el crimen organizado y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo señaló por presunto financiamiento ilícito; denuncia en la que finalmente el PRI se desistió ante el TEPJF pero que continuaron su curso sin que se presentaran suficientes evidencias.
El Partido del Trabajo se sumó en las impugnaciones con Morena y el PRD con el PAN y el PRI por la alianza “Va por México”.
Gobierno Federal también perdió en tribunales durante campaña
El informe del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en poder de MILENIO, indica que el gobierno federal tiene los mismos porcentajes de pérdida de juicios electorales que a diferencia de otros gobiernos, se elevaron por las conferencias de prensa mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Relacionadas con el proceso electoral, el gobierno federal interpuso 22 impugnaciones ante la Sala Superior de las cuales, 18 se resolvieron de fondo y en seis les dieron la razón, mientras el 67 por ciento restante los perdieron.
De los casos ganados más relevantes, está el lograr que se revocara el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE con el que generó una lista de medidas inhibitorias con las que ordenaba al presidente de la república abstenerse de opinar en las conferencias de prensa mañanera sobre los procesos electorales y la consulta popular, al ser considerados actos de censura previos y restrictivos de su libertad de expresión.
Mientras que en su contra, se confirmó que el presidente de la República incurrió en varias mañaneras, como en la del 23 de diciembre de 2020, en violaciones a sus deberes de imparcialidad y neutralidad al lanzar críticas directas en contra de varios partidos políticos. Además de que se confirmó que provocó inequidad al menos en las elecciones a la gubernatura en Nuevo León y San Luis Potosí.
El TEPJF también consideró ilícito el informe de los primeros 100 días de su tercer año de gobierno que se realizó en plenas campañas y que fue difundido por Cepropie. O el caso de la secretaria de Energía, Rocío Nahle quien difundió de manera ilícita propaganda gubernamental durante las campañas electorales y destacó logros de gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de los juicios en los que se involucra al presidente fueron presentados por el PRD.
dmr