El Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE por el que impuso a los partidos políticos postular a, por lo menos, nueve mujeres en las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027, y rechazó imponer alguna regla de paridad específica para Nuevo León.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo que aprobó el Consejo General del INE sobre el procedimiento para supervisar y verificar que los partidos cumplan la paridad en las gubernaturas, en el que establecieron que de las 17 en disputa, al menos nueve candidaturas deberán ser para mujeres.
Una asociación de mujeres impugnó el acuerdo, porque consideró que era insuficiente y proponía imponer bloques de posiciones para las mujeres, interpretación de lugares menos competitivos para que no fueran ahí colocadas y secuencia de alternancia para que se garantizara la postulación de mujeres en entidades donde nunca ha gobernador una mujer o donde, actualmente, gobierna un hombre.
El acuerdo del INE establece el deber de los partidos políticos nacionales de informar a la autoridad electoral cómo aplicarán la competitividad, antes de emitir sus convocatorias internas.
Tendrán que definir en cuáles de las 17 entidades postularán mujeres, hombres o no presentarán candidatura, garantizando que ninguno de los géneros sea postulado exclusivamente en entidades de baja competitividad.
Determinarán cuáles y cuántas convocatorias serán exclusivamente para mujeres cuando su normativa interna lo exija, y los criterios objetivos, verificables, suficientes y aprobados por el órgano partidista competente, lo que el INE verificará y determinará si es válido o no cumple con la paridad sustantiva que la Constitución exige.
INE revisará métodos de postulación de los partidos políticos
Con un proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el TEPJF resolvió que el acuerdo se apega a los precedentes de esta Sala Superior en los que, ante la omisión de los Congresos locales de concretar las reformas y leyes que les corresponden para cumplir con la paridad en las gubernaturas, es la autoridad electoral la que determina el piso de postulación por cargo.
En este caso, al ser número impar, como se avanzó en la elección de 2024, se redondea para las mujeres, y al renovarse 17 en 2027, nueve serán para mujeres y ocho para hombres, siendo el nueve un mínimo y el ocho un máximo, es decir, sí puede haber más de nueve mujeres, pero no más de ocho hombres.
La Sala Superior concluyó que este procedimiento del INE “no limita la verificación de la paridad al número de candidaturas de mujeres, sino que establece controles comunes sobre el diseño y los criterios de competitividad de los partidos políticos, así como la distribución nacional que realice sobre las postulaciones, lo cual queda a revisión y verificación de la autoridad.
“Incluso garantizar que las mujeres compitan en las entidades federativas con mayor posibilidad de triunfo y que las convocatorias sean coincidentes con esta situación, lo cual, se insiste, está a revisión y verificación de la autoridad electoral en diversos momentos”.
El INE pide a los partidos que informen sus postulaciones, pero revisará los métodos de cada partido para garantizar que cumplen con lo establecido y, después, evaluará que las mujeres no hayan sido postulados en los estados donde los partidos tienen menos posibilidades de ganar.
“Esta conclusión no anticipa la validez de las metodologías ni de las postulaciones concretas, precisamente, porque conforme al procedimiento aprobado por el INE, el cumplimiento deberá examinarse en diversos momentos para garantizar la paridad sustantiva”, concluyó el proyecto.
La organización también pedía una medida específica respecto a la gubernatura de Nuevo León por considerar que era necesario que gobernara una mujer, por lo que pedía que se le impusiera una posición de competitividad entre las 17 gubernaturas para que los partidos supieran si ahí debían postular a una mujer.
El magistrado concluyó que eran “ineficaces o inoperantes los planteamientos sobre relevancia económica, exclusión histórica, una metodología uniforme derivada de la reforma constitucional de 2024 y la medida afirmativa solicitada para Nuevo León, porque parten de la premisa desestimada de que sólo un método común permitiría verificar la paridad sustantiva”.
IYC