TEPJF pedirá que SCJN determine cómo investigar a Zaldívar ante denuncias electorales

Xóchitl denunció a Zaldívar, él acusó que INE y TEPJF no lo pueden investigar porque es ministro y le compete a la SCJN; magistrado pide que SCJN aclare si se le puede juzgar como a cualquier funcionario.

Termina periodo presidencial de Arturo Zaldívar frente a la SCJN
Jannet López Ponce
Ciudad de México /

El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que plantea que sea la Suprema Corte, la que determine cómo procesar denuncias en contra de Arturo Zaldívar por presuntos ilícitos electorales cuando todavía era ministro, pues él alegó que las autoridades electorales no pueden hacerlo y violentan su autonomía y libertad de expresión.

Con esta consulta se resolverá si las quejas que se presentaron en contra de Arturo Zaldívar por su apoyo público a una precandidata presidencial pueden resolverse como las de cualquier funcionario público que comete posibles ilícitos electorales o violaciones constitucionales, frente a los alegados del entonces ministro de que sólo la SCJN lo puede juzgar por su máximo nivel de independencia como ministro.

El caso se origina, luego de que Xóchitl Gálvez presentó varias denuncias electorales en contra del ex ministro Arturo Zaldívar por realización de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos, indebido ejercicio del cargo y probable vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda del proceso electoral 2023-2024, por haber manifestado su apoyo a la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum cuando todavía era ministro en funciones.

La Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral admitió a trámite la queja y la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió la queja inicial el 24 de noviembre y determinó que no hubo violaciones en un análisis preliminar, pero como en todos los casos, tendría que ser la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que analice de fondo si existieron los ilícitos electorales que acusa la precandidata de la oposición.

Arturo Zaldívar presentó dos recursos de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral pues alegó que es un actuar inconstitucional porque es la Suprema Corte la que vigila el actuar de sus miembros, porque no está debidamente fundada la resolución y porque se violenta su libertad de expresión.

El magistrado a cargo del asunto, Reyes Rodríguez Mondragón circuló un proyecto que se votará la próxima semana, en el que plantea que, en efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que es competencia exclusiva del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer, resolver e imponer sanciones correspondientes por responsabilidades administrativas de personas titulares del cargo de ministra o ministro.

Aunque en contraste, la misma ley destaca que cualquier controversia en materia electoral es facultad exclusiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Y para llegar a este punto, las quejas pasan primero por el INE, luego por la Sala Regional Especializada y concluyen en una decisión definitiva de la Sala Superior.

Por lo que el magistrado considera que “no existe una norma clara que resuelva si el Tribunal Electoral puede válidamente, someter a su jurisdicción electoral a un ministro o ministra”, sin que se afecte la independencia de las y los integrantes del máximo tribunal del país.

“En conclusión, se estima procedente plantear a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consulta sobre la competencia que, en concepto de este Tribunal Electoral, se presenta respecto las atribuciones para procesar y, en su caso, juzgar a ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por faltas o infracciones administrativas en materia electoral”.

El proyecto se someterá a votación el próximo miércoles para determinar si es la Suprema Corte la que debe determinar si Arturo Zaldívar puede ser juzgado como cualquier otro funcionario público por aparentes ilícitos electorales, por su apoyo abierto y público a una precandidata presidencial cuando ejercía su labor de ministro.

LG 

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