El Tribunal Electoral pospuso, una semana más, la votación del proyecto en el que la magistrada Janine Otálora propuso inaplicar el artículo del Plan B que ordena despedir al secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, debido a que ahora, tiene que considerar la suspensión definitiva que concedió una jueza federal para garantizar que no existan contradicciones.
MILENIO confirmó que la magistrada Janine Otálora, quien sigue en Venecia en una misión electoral, decidió no enlistar el proyecto relacionado con el secretario Ejecutivo del INE para la sesión pública de este miércoles con el fin de revisar a fondo la suspensión definitiva que recibió el viernes.
Las magistraturas consideraron que debido a que se emitió primero la suspensión, primero por el Tribunal Colegiado de Distrito y después por la jueza de distrito Blanca Lobo, ahora el Tribunal Electoral debe tomar en cuenta estas resoluciones para no generar contradicciones de criterios en dos instancias del Poder Judicial.
Sin embargo, debido a que la urgencia de restituir a Edmundo Jacobo ya se dio por la vía de juzgados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede tomarse más tiempo para pronunciarse sobre la inaplicación del artículo de la reforma electoral dedicado al secretario Ejecutivo en funciones.
Además, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón sigue elaborando el proyecto para dar respuesta a la excusa que interpuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, para que Otálora se abstenga de votar el asunto, luego de que MILENIO reveló el proyecto que proponía darle la razón al INE y a Edmundo Jacobo Molina.
De aprobarse el proyecto original de Otálora, la restitución de Edmundo Jacobo se consolidaría, pues las sentencias de la Sala Superior son definitivas e inatacables, y se le informaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice este estudio al resolver las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, con las que determinará si invalida o no la reforma electoral.