Emitir una “suspensión intrusiva”, excederse indebidamente en sus facultades invadiendo competencias exclusivas del Senado y del Tribunal Electoral, y violar la Constitución pretendiendo conformar la Sala Superior “de forma ilegal con una suspensión provisional”, son los argumentos con los que el juez Rodrigo de la Peza será denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).
MILENIO tuvo acceso a la propuesta de acuerdo que la tarde de este miércoles la magistrada presidenta Mónica Soto circuló a sus pares de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que se exponen los motivos por los que notificarán al juez Rodrigo de la Peza que no acatarán su resolución, los mismos con los que presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para exigir que investiguen su actuar y lo denunciarán ante la FGR.
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El pasado lunes, este medio reveló que el fin de semana, la Sala Superior recibió la notificación del juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa que les ordenaba nombrar en 24 horas dos magistraturas provisionales y así, enmendar la omisión del Senado y comenzar a sesionar de manera inmediata, amagando con que de no hacerlo, recibirían multas individuales.
En la respuesta oficial que la Sala Superior comenzó a revisar ayer por la tarde para darle respuesta a todas las autoridades correspondientes, concluyen que el juez se excedió en sus atribuciones, invadió la autonomía del Tribunal Electoral y las facultades del Poder Legislativo, y violó la Constitución haciendo con una decisión que ante estas ilegalidades, resulta nula.
“Esta determinación adoptada por el Juez de Distrito es además contraria a los principios de excelencia y profesionalismo, previstos en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues fue emitida de manera contraria a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El Juez de Distrito vulneró las atribuciones constitucionales y el actuar autónomo de este Tribunal pretendiendo conformarlo de forma ilegal en la suspensión provisional, por lo que se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este órgano jurisdiccional, que presente la denuncia correspondiente con la actuación del juzgador ante la Fiscalía General de la República, así como la queja respectiva ante el Consejo de la Judicatura Federal”, concluye el proyecto.
En la propuesta en poder de MILENIO, la magistrada presidenta Mónica Soto, explican en 13 páginas las razones y las conclusiones para no atender la resolución del juez de la Peza.
Entre las razones, destacan que el juez excedió sus funciones y competencias; que invadió facultades exclusivas del Senado y del Tribunal Electoral; que pretende incidir de manera injustificada, indebida y desproporcionada en la Sala Superior, que ni siquiera debió darle trámite a un amparo porque legalmente esta figura no existe en materia electoral; que va en contra de la autonomía e independencia de la Sala Superior.
Y que buscó interferir en asuntos que no le competen, sobre todo, porque el quórum de la Sala Superior “no puede ser sometido a ningún órgano que no sea la propia Sala Superior”, lo que va incluso en contra de lo determinado pro la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha reconocido esta facultad exclusiva al Tribunal Electoral.
Con estos argumentos, concluyen que la suspensión emitida por el juez es intrusiva; que lo ordenado resulta nulo por ilegal y que el juez no tiene facultad alguna para instruir a la máxima autoridad electoral del país sobre cómo debe configurarse y funcionar.
El acuerdo concluye con tres puntos, primero que no ha lugar a dar trámite alguno a la decisión del juez; segundo, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que interponga la queja correspondiente ante el Consejo de la Judicatura Federal y tercero, presente la denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Dejando claro que el primer y segundo acuerdo fueron aprobados por unanimidad de votos, mientras que el tercer punto sobre la denuncia penal fue rechazada por la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pero aprobado con la mayoría de votos de sus pares Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.
Una vez que todas las magistraturas incluyan sus observaciones y ajustes, se someterá a votación en sesión privada para esta misma semana puedan remitirlo al juez Rodrigo de la Peza para notificarle que no atenderán su resolución; al Consejo de la Judicatura Federal para que investigue su actuar de manera interna y a la Fiscalía General de la República para que determine lo que proceda por los aparentes delitos como uso indebido de sus funciones.
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