El Tribunal Electoral prevé aprobar un apercibimiento a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que de inmediato, vuelvan a integrar la Comisión Permanente y que incluya a Movimiento Ciudadano y al PRD, y envió un apercibimiento por desacato que de repetirse, les retiraría el modo honesto de vivir.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña circuló un proyecto que desde esta noche comenzó a votarse en sesión privada, en la que busca ordenar que de manera inmediata se reintegre la Comisión Permanente tras acreditarse que la Cámara de Diputados incumplió con lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que integrara a todas las fuerzas políticas y grupos independientes.
El proyecto declara que no ha lugar a los planteamientos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien señaló que “al haber sido admitida a trámite la acción de inconstitucionalidad 62/2022 promovida por MC, resulta necesario esperar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Sin embargo, el proyecto recuerda que las sentencias de la Sala Superior son inatacables y no tienen efectos suspensivos, pues es el máximo tribunal para decidir en materia de afectación de derechos político-electorales.
Por lo que concluye que existe un incumplimiento injustificado “que conlleva a un desacato”, por lo que el magistrado advierte que este tipo de desacatos llegan a afectar el modo honesto de vivir.
Por lo que propone primero que “se ordena que de inmediato, antes dela próxima reunión, se modifique la composición de la Comisión Permanente, conforme lo señalado en la sentencia” y “se apercibe a la Jucopo y a la Mesa Directiva para cumplir la sentencia principal y esta sentencia incidental, en los términos precisados”.
El proyecto fue puesto a consideración de las magistraturas de la Sala Superior en sesión privada, por lo que podría resolverse mañana.
De aprobarse y si la Cámara de Diputados una vez más incumple con esta orden, el Tribunal Electoral podría analizar el modo honesto de vivir de los implicados, lo que llevaría a dejarlos imposibilitados para competir en nuevos cargos públicos.