Aunque la reforma electoral está en pausa, un ciudadano ya presentó la primera impugnación ante el Tribunal Electoral, alegando la vulneración del sistema electoral y los derechos humanos, lo cual la Sala Superior terminó desechando porque al no haber concluido el trámite legislativo, no existe ninguna afectación a sus derechos.
Francisco Hernández presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en contra del llamado Plan B de la reforma electoral legal, la cual quedó en pausa en el Senado por los últimos cambios aplicados en la Cámara de Diputados.
En su queja, de la que MILENIO tiene una copia, acusó “inexactitud, confusión y vacíos legales, producto de un desaseado proceso legislativo y de una falta de técnica jurídica que llevan a minar la fortaleza del Instituto Nacional Electoral, vulnerándose entre otras cuestiones, la conformación de los órganos desconcentrados, el servicio profesional electoral nacional y los derechos laborales de los trabajadores que forman parte de dicho servicio”.
Además de que se vulnera sistemáticamente el artículo 41 de la Constitución y se afecta en su esfera jurídica, al estar en duda la calidad de los procesos electorales.
Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó el proyecto del magistrado José Luis Vargas porque la reforma ni siquiera está firme y lo que acusa como agravios, todavía no son definitivos porque siguen en trámite legislativo.
“No constituye un acto definitivo y firme que pueda causar algún agravio al enjuiciante, debido a que existe la posibilidad jurídica de que pueda ser modificado por un órgano legislativo diverso al que lo aprobó”.
Por lo que coincidieron en que no podían darle trámite si la reforma sigue en trámite.
Este es el primer juicio en contra del Plan B, a pesar de que ni siquiera se ha publicado, por lo que se espera que una vez que se apruebe lo que está pendiente en el Senado y el presidente Andrés Manuel López Obrador publique los cambios en el Diario Oficial de la Federación, podrá detonarse una “batalla jurídica” que ya anticipó el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral.