La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un plazo de 15 días al Instituto Nacional Electoral para hacer un nuevo pronunciamiento, al considerar que la Unidad Fiscalizadora no fue exhaustiva en su investigación al determinar que Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, incurrió en presunto financiamiento ilícito de parte de sus familiares, sin llamar a los involucrados para que se justificaran ni tampoco mencionaran el destino de la totalidad del monto involucrado.
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Por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala Superior revocaron el acuerdo impugnado al señalar además que la autoridad fiscalizadora no se pronunció sobre el destino de la totalidad del monto involucrado.
"En dicho medio, la parte actora impugna el acuerdo INE-CG-1313/2021 mediante el cual el Consejo General declaró fundado el procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a la gubernatura Samuel Alejandro García Sepúlveda por la presunta aportación de recursos de un ente prohibido mediante interpósita persona.
"En consecuencia, la autoridad administrativa sancionó al partido con una reducción del 25 por ciento de la ministración mensual hasta alcanzar un monto de 28 millones 53 mil pesos.
"En el proyecto que se somete a su consideración, se propone revocar para efectos el acuerdo impugnado ya que la autoridad fiscalizadora no ejerció de manera exhaustiva sus facultades de investigación, lo anterior, dado que, uno, no se requirió a las personas físicas y morales involucradas en la supuesta triangulación de recursos para que justificaran la licitud de la transacción; dos, la autoridad fiscalizadora no se pronunció sobre el destino de la totalidad del monto involucrado", refirieron en el proyecto aprobado.
Por ello, ordenaron al INE que un máximo de 15 días naturales, a partir de esta notificación, emitan una nueva resolución que derive del desahogo de nuevas diligencias, valoren los medios de prueba, así como la presunta responsabilidad de los familiares de Samuel de haber apoyado, mediante triangulación de recursos, su campaña para la gubernatura de Nuevo León.
"Por lo tanto, se ordena al consejo general del Instituto Nacional Electoral que en un plazo de 15 días naturales contados a partir de la notificación de la presente sentencia, emita una nueva resolución derivado del desahogo de las nuevas diligencias, valoren los medios de prueba, así como la posible responsabilidad de todos los sujetos denunciados y pronunciándose sobre el destino de la totalidad del monto involucrado", finalizaron.