Dos años después de litigios, finalmente Ángel Mario García Guerra tomó protesta como magistrado de la Duodécima Sala Penal y por ende a la Segunda Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para un periodo de 10 años.
El ahora magistrado rindió protesta a las 11:40 horas ante la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente del Congreso local.
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Después de tomar protesta, García Guerra asistió a la Sesión Solemne del TSJ programada para las 12:00, en la que le asignaron las citadas salas.
“El precedente que se marca es que nunca en la historia de México un Tribunal Colegiado había proyectado destitución por desacato de todo un Poder Legislativo.
“No podemos ser cómplices de violaciones reiteradas a la ley. No creo que tenga que ver con cosas políticas, sé que hay diputados que me han apoyado, pero no tengo contacto personal con ellos”, declaró García Guerra para MILENIO Monterrey.
En este sentido, dijo que afortunadamente están pasando por un proceso judicial federal, el cual aún no concluye, debido a que están tomando en cuenta la votación del 18 de diciembre de 2019 que fue la que el Colegiado resolvió hace dos semanas.
“Considero que a finales de septiembre el Colegiado podría enviar el sentido del proyecto a la Corte. Ésta ya les había dicho que me ratificaran, pero lo desacataron y el artículo 198 de la Ley de Amparo claramente dice que la Corte resolverá a la brevedad posible.
“Lo que le limitará en su participación por la contienda electoral es que tuvieran una sentencia penal por un delito y evidentemente no la van a tener pronto, esto se tardaría mucho tiempo, no interferiría”, indicó para MILENIO Monterrey, García Guerra.
El lunes pasado, con la presión del Consejo de la Judicatura y una posible destitución en puerta, el Congreso local ratificó a García Guerra como magistrado del TSJ.
“Se ratifica al C. Doctor Ángel Mario García Guerra como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado para fungir por un segundo periodo de diez años, a partir del 1 de marzo de 2018, hasta el último día de febrero de 2028“, leyó Juan Carlos Ruiz, presidente del Legislativo.
En este sentido, sorprendió que en el decreto aprobado indica que, a García Guerra, se le deberán cubrir los salarios y prestaciones vencidas desde el primero de marzo de 2018, y hasta la fecha en que tome posesión nuevamente de su encargo como magistrado del TSJ, lo que equivaldría a poco más de 4 millones de pesos.
Manuel Arnaud, abogado de García Guerra, dijo que realizaron la aclaración al Tribunal Colegiado para que el proyecto no alcance a aquellos diputados que respetaron la ley.
“Todos los diputados que votaron a favor mostraban el voto y ellos tomaron su boleta frente a una cámara, debidamente notariada, cerraron su voto y lo metieron a la urna”, indicó Arnaud.
Al asumir la duodécima Sala del TSJ, únicamente quedarían cinco magistraturas vacantes correspondientes al PJNL.
El 13 de agosto, el Primer Tribunal Colegiado planteó a la Corte destituir a todos los legisladores y el viernes pasado al Congreso le rechazaron un incidente de aclaración.
Reasigna TSJ SALA 12
Luego de que el magistrado Ángel Mario García Guerra rindiera protesta, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó la adscripción de éste para un segundo periodo a la Duodécima Sala Penal y por ende a la Segunda Sala Colegiada Penal.
En sesión vía remota con la presencia de García Guerra, en el TSJ, se acordó la readscripción de Raymundo Martínez González como magistrado interino de la Octava Sala Civil, hasta que se haga la designación del titular que debe cubrir la vacante de la misma.
“Se propuso la readscripción de manera provisional del magistrado interino Raymundo Martínez González, a la Octava Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual se encuentra vacante, y, como consecuencia de ello, la adscripción del magistrado Ángel Mario García Guerra, a la Duodécima Sala Unitaria Penal y por ende de la Segunda Sala Colegiada Penal”, se lee en un comunicado.
Previo a concluir la sesión extraordinaria del Pleno, se ordenó comunicar lo acordado al Pleno del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.