Al confirmar que el polémico caso del ‘cobijagate’ al inicio del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón fue resuelto y hasta sancionado, la Contraloría y Transparencia estatal aseguró que al concluir el sexenio resolverá todos los expedientes para entregar la casa limpia.
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En entrevista para Meta 21 con la licenciada María Julia y Luis García, la contralora que fue designada ayer por el Congreso, María de Lourdes William, dijo que fijaron metas para abatir el rezago que carga la dependencia, como la implementación de órganos internos de control, y aclaró que la Contraloría no está facultada para sancionar.
“El caso llamado cobijagate ocurrió cuando existía la Ley de Responsabilidades Administrativas anterior, y esa Ley contemplaba que quien sanciona las conductas por posibles actos de responsabilidades era el inmediato superior.
“En aquel entonces las áreas de Oficialía y demás dependían de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, quien en su momento desahogó el proceso y llevó a cabo las sanciones contra ex funcionarios, consistentes en multas y apercibimientos que fueron pagados y llevados hasta su finalidad”, dijo la funcionaria.
El 28 de diciembre del 2015, a tres meses de la entrada del gobierno de Rodríguez Calderón, se concretó la supuesta compra de 200 mil cobertores a precios inflados, por un monto de 28.9 millones de pesos a una empresa fantasma.
Sin embargo, el Congreso rechazó la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2016 del gobierno central, luego de que la Auditoría Superior acreditó la compra de facturas y el pago indebido por colchas nunca recibidas, es decir, una adquisición simulada.
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Sobre los casos que heredó al tomar el mando son los de observaciones, pues como órgano interno del gobierno del Estado, solamente están facultados para aquellos casos que se refieran a posibles faltas administrativas no graves.
En la Unidad Anticorrupción, agregó la funcionaria, tienen casos que han sonado en los medios de comunicación, no obstante, si estos casos trascienden le corresponde resolver al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Además, la Contraloría heredó principalmente asuntos como las cuentas públicas del 2019, las cuales la Auditoría Superior del Estado deberá entregar antes de que concluya el año.
“Con la finalidad de prevenir posibles actos de corrupción hemos hecho un cronograma que estaremos dando un seguimiento muy estricto para cumplir con los objetivos”, concluyó.
El 31 de agosto pasado, al argumentar "motivos personales", Gerardo Guajardo Cantú renunció al cargo de la Contraloría estatal.