México registra en promedio 10 feminicidios al día. También es el sexto país con más armas en el mundo. Ambas cifras han ido al alza en los últimos 14 años.
A principios de la década de los 2000, tres de cada 10 mujeres eran asesinadas con armas de fuego; actualmente seis de cada 10 son asesinadas así. Un análisis de este cruce de datos permite afirmar que a mayor número de armas de fuego, se han dado más feminicidios, revela el estudio “Violencia de género con armas de fuego en México”, elaborado por las asociaciones civiles EQUIS Justicia para las Mujeres, Intersecta Organización para la Igualdad, Data Cívica y el Centro de Estudios Ecuménicos.
El estudio publicado en octubre de 2021 muestra que la violencia armada también ha permeado de manera desproporcionada en la comunidad LGBT+, con énfasis en la población de mujeres trans más precarizada: la que se dedica al trabajo sexual.
Uno de los llamados que hacen las organizaciones por medio de este estudio es la necesidad de analizar la violencia armada desde una mirada incluyente e interseccional.
México, un gran comprador de armas de fuego
Cuando el entonces presidente Felipe Calderón propuso acabar con el narcotráfico, una de sus acciones fue incrementar los elementos del Ejército y, con ello, el armamento. En la actualidad hay 15 millones de armas en circulación en México, según Small Arms Survey.
El número de militares en México se ha triplicado desde 2006 y, a la par, el número de homicidios, pero ¿cómo se llega a la conclusión de la incidencia en los feminicidios?
“Nos dimos a la tarea de analizar cinco bases de datos para ver qué nos decían sobre las agresiones y homicidios con armas de fuego. Por el informe "Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México", salió el hallazgo de que había crecido muchísimo la violencia con armas de fuego y para este informe nos centramos en datos del Inegi para ver cómo había impactado este tipo de violencia a las mujeres”, explica en entrevista Adriana E. Ortega, coordinadora del área de datos en Intersecta.
Ortega revela que del año 2000 a 2007 la tasa de homicidios dolosos iba a la baja, pero en 2007 se disparó con la llegada de Felipe Calderón, la llamada “guerra contra las drogas” y la militarización de las calles: “A partir de ese momento vimos cómo se reconfiguró la violencia y se observa que de 2000 a 2006 se mataba más a las mujeres en espacios privados (con ahogamientos, golpes, armas blancas) y después de 2007, la forma en que las matan es principalmente con armas de fuego”.
Un dato importante que destaca “Violencia de género con armas de fuego en México” es que este país, a pesar de no estar en guerra, se ha convertido en uno de los mejores clientes para las compras de armas. Sus principales proveedores son República Checa (México ha adquirido 28% de sus exportaciones de armas pequeñas y ligeras); Italia (38% de sus exportaciones llegan a México); Eslovaquia (vende al país 24% de sus exportaciones), o Austria, el que más abastece a México de armas pequeñas. En cuanto a equipos pesados, Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de México.
Los rangos de datos y las variables que pudieron cruzar para el estudio dieron una pista de cómo se vivía la violencia contra las mujeres antes de 2007 y ahora. Este incremento de feminicidios, explica Adriana E. Ortega, responde “a una violencia más generalizada que llevó, en entidades como Chihuahua, a homicidios de mujeres en espacios públicos”.
Las armas de fuego llegan a los hogares
Aunque las armas lleguen como equipo para militares, terminan en grupos delictivos o en casas particulares. “Este contexto de violencia armada ya no sólo es por enfrentamientos de grupos delincuentes o fuerza pública, sino que esos actores están usándolas para atacar a sus parejas”, dice Geras Contreras, oficial de Políticas Públicas de EQUIS Justicia.
Uno de los propósitos de “Violencia de género con armas de fuego en México”, según explica Contreras, es dejar claro el carácter relacional de las armas y lo expansiva que puede ser su acción dentro de una sociedad donde están prohibidas.
“Encuentras mujeres que dicen: ‘es que no lo dejo porque él tiene un arma debajo de la cama; no lo dejo porque anda trabajando para la mafia y tiene armas en la casa, armas grandes’… Por supuesto que ha incidido en el índice de violencia el acceso a las armas, es fácil apropiarse de una… y que ‘porque me engañó o me dejó’, fácil se les hace disparar. ¡Y claro que tienen que ver las armas!, ¡por supuesto!, cuando las matan de un golpe pues gritan, quizás alguien se da cuenta, llaman… pero cuando tienen el acceso al arma… ya nada puede ser igual”, se lee en el informe a Susana Castro, defensora de niñas y niños huérfanos de madres asesinadas en Acapulco, Guerrero, dentro de este trabajo que presenta las experiencias de 11 activistas.
Un hallazgo es que en el contexto y perfil de los agresores influye el tipo de arma que utilizan. “Aquellos que están vinculados con la criminalidad y son mandos medios o altos tienen acceso a armas largas; quienes se dedican al narcomenudeo o son eslabón débil de la cadena de criminalidad poseen armas pequeñas”, menciona el informe.
En paralelo al aumento de feminicidios van las llamadas de auxilio y la atención de los centros de refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, pues un arma no sólo actúa directamente en un hogar, sino en los de otras mujeres que saben que amigos o colegas de sus parejas las poseen.
“Es difícil deslindar la violencia contra las mujeres del proceso de militarización del país”, dice Georgina Jiménez, directora de Contenido en Data Cívica. “En los nuevos resultados del Inegi salió una cosa terrible (la modalidad) de ‘muerte en casa con armas de fuego’. Pensábamos en un contexto de pandemia, como parte del incremento de violencia doméstica, pero que ésta sea con una pistola es aún más preocupante. Nos deja ver que ya las armas de fuego están por todos lados”.
Los cambios de gobiernos y estrategias tampoco han sido una solución. A partir de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado especial interés en la militarización de la seguridad pública, como ejemplo, la creación de la Guardia Nacional. En contraste, señala el estudio, han disminuido los recursos destinados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y se han recortado recursos para los centros de investigación en la materia.
“Le estamos entregando cada vez más armas a la Policía y al Ejército, pero no se está cuidando lo que hacen con ellas”, asegura Geras Contreras. En este contexto de violencia armada ya no sólo es por enfrentamientos de grupos delincuentes o fuerza pública, sino que esos actores están usándolas para atacar a sus parejas.
El odio a la comunidad LGBT+ y las armas de fuego
“Ahora nuestra venganza será ser felices”, dice Kenya Cuevas, activista por los derechos de la población LGBT+ y trabajadoras sexuales y quien participó en el estudio “Violencia de género con armas de fuego en México”.
Ella es sobreviviente de violencia y reafirmó su activismo luego de que asesinaran con un disparo a Paola, su amiga que la acompañaba ejerciendo el trabajo sexual en Ciudad de México.
A raíz de esa pérdida relacionada con armas de fuego fundó la Casa Hogar “Paola Buenrostro” (Casa de las Muñecas Tiresias), el primer refugio para mujeres trans de México. Su labor ahora es hacer que a quienes recibe tengan una vida digna y puedan ser felices siendo quienes son.
La población de mujeres trans que se dedica al trabajo sexual es la más precarizada y la más vulnerable. Los registros de crímenes de odio recabados en el estudio indican que seis de cada 10 han sido asesinadas a mano armada, y en casi la mitad de los casos sus cuerpos han sido encontrados expuestos en la vía pública.
“Nos llamó la atención el efecto diferenciado que tienen las armas contra las mujeres trans y cómo, en comparación con las mujeres cisgénero, se exacerba la violencia armada y en la vía pública, lo cual está más relacionado con crímenes de odio”, explica Geras Contreras.
Al intentar recabar datos específicos de la población LGBT+, no se encontró en la información pública oficial un registro sistematizado de las agresiones y violencia sufrida, por lo que para el estudio se recuperaron ejercicios desarrollados por la organización Letra S para identificar a las personas con identidades de género diversas que han sido asesinadas con arma de fuego entre 2017 y 2019.
Con los hallazgos, el estudio se permite afirmar que “el Estado mexicano no ha hecho suficientes esfuerzos para impulsar y establecer una política que condene la violencia de género hacia las mujeres y la diversidad de identidades de género, ya que la violencia letal contra estas poblaciones ha ido en aumento a lo largo del tiempo, incluso privilegiando el uso de armas de fuego durante tales eventos”.
En otro apartado del estudio, hay sugerencias de lo que el Estado puede hacer en políticas públicas y acciones afirmativas para frenar la militarización y controlar el flujo de armas. Destacan además los esfuerzos de la sociedad civil para realizar desarmes voluntarios con una perspectiva de cuidados. A la par, las personas entrevistadas explican que este es un tema que les gustaría que los movimientos feministas adoptaran para generar medidas de prevención.
“Nos gustaría que el tema esté sobre la mesa, existe gente muy enfocada en el tema de armas, pero no con el enfoque de género”, asegura Adriana E. Ortega. “Quisiéramos que hubiera muchísimo mejores controles de armas, que se gobernara mejor sobre su disponibilidad. El hecho de que estén aumentando los homicidios de mujeres con armas de fuego jala a pensar el peligro sobre esa disponibilidad”, añade Georgina Jiménez.
Este estudio, explican ambas, es una invitación a entender mejor cómo todo tipo de violencia es hasta cierto punto patriarcal y en México está escalando, lo cual no es compatible con el ideal de que las mujeres sean libres y seguras.
DMZ