La trayectoria de Luis Enrique Orozco en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León terminó. Tras décadas de ejercicio en la institución y por decisión del Congreso local, el ex vicefiscal del Ministerio Público (MP) rindió protesta como gobernador interino del estado hasta el 2 de junio del 2024.
El nombre de Orozco Suárez emergió como uno de los favoritos en la Comisión de Gobernación para sustituir al precandidato Samuel García, quien pausó sus actividades de precampaña para volver de forma ‘express’ a la gubernatura en un intento por dejar a Javier Navarro Velasco como su interino.
“Es completamente inelegible (Orozco), está impedido”, reclamó en su cuenta de Instagram tras la tensa sesión marcada por los conflictos y zafarranchos. Versión que choca con lo dicho por Luis Enrique en Telediario, donde aseguró tener el respaldo del propio García Sepúlveda.
“El doctor Samuel pública y reiteradamente expresó comentarios positivos. (...) Esto fue un aspecto que por supuesto consideré (...) y provocó que yo presentara mi renuncia”, declaró en el noticiero de Josué Becerra y Sandra Sandoval.
El cauto vicefiscal
La trayectoria de Luis Enrique Orozco por la Fiscalía fue discreta. Poca información se cuenta del servidor que llegó a la Vicefiscalía del MP en abril del 2018, toda vez que dejó su cargo como Contralor Municipal de Monterrey. Su lugar en la contraloría fue tomado por Julieta Hernández Pachuca.
En 2003, el gobernador interino egresó de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) como licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, y posteriormente de la maestría en Derecho de Amparo.
Tomó la titularidad de la Vicefiscalía un mes después de la designación de Gustavo Adolfo Guerrero como Fiscal General del Estado. El apellido Orozco Suárez se había mantenido en relativa discreción hasta el 2021, cuando el feminicidio de Debanhi Escobar puso a la institución en la mira de las críticas; y a Luis Enrique y Adolfo en el ojo del huracán.
La desaparición y muerte de Debanhi Escobar se convirtió en la imagen de la ola de feminicidios que azotó a Nuevo León a principios del 2022. Las irregularidades en la investigación del caso movió a la ciudadanía— e incluso al Poder Ejecutivo— a exigir transparencia y justicia por el fallecimiento de la joven de 18 años.
Pero la credibilidad de la Fiscalía comenzó a agrietarse tan pronto se halló el cuerpo de Debanhi en la cisterna del Motel Nueva Castilla, en un área que autoridades supuestamente ya habían inspeccionado. Así lo destacó el propio Luis Enrique en un primer live de la Fiscalía, donde Gustavo Adolfo afirmó que la muerte de Debanhi había sido por “una contusión profunda de cráneo”.
“La búsqueda en ese momento no permitió encontrar el cuerpo ahora localizado, mismo que fue reportado posteriormente por los trabajadores del lugar por los gases emanados de la cisterna”.
De propia voz de Luis Enrique y en presencia de Mario Escobar, padre de Debanhi, fue que el 27 de abril del 2022 se presentaron y explicaron públicamente varias grabaciones que captaron la llegada de la joven al motel ubicado en la carretera de Nuevo Laredo.
“Los videos (...) no revelan que hubiera sido seguida, acechada, acompañada o perseguida en los momentos en que tenemos registro”, respondió a pregunta expresa de la prensa por la presunción de un asesinato. A ello, defendió el acato a las responsabilidades que competían a la Vicefiscalía: objetividad y aplicación de debidas diligencias.
Luis Enrique y el día que Samuel condicionó diálogo con las cúpulas de oposición
Las inconsistencias del caso llevaron a Samuel García a enviar una serie de reclamos a Gustavo Adolfo por “las excusas” y los “términos jurídicos legaloides” que obstaculizaron el acceso a la justicia al padre y a la madre de Debanhi. Comentarios a los cuales el Fiscal también respondía en sus redes sociales, defendiendo su labor.
Sin embargo los compromisos fueron en vano. Guerrero Gutiérrez no pudo llegar a la verdad del caso y ese mismo año, en octubre del 2022, anunció su renuncia de la institución “como parte del proceso de jubilación” que cerró tras más de cuatro décadas en la fiscalía estatal.
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El anuncio marcó el inicio de una de las fricciones más tensas que Samuel ha sostenido con el Congreso de Nuevo León por, según él, obligar a Gustavo Adolfo a renunciar y así “imponer” a Pedro José Arce Jardón como su sustituto. Todo ello, aseveró, supuestamente como parte de un acuerdo entre las cúpulas del PRI y el PAN.
La pugna de poderes neoleoneses ha extendido la designación formal de un Fiscal General de Justicia, tanto que el 4 de octubre del 2023 se cumplió un año sin un titular formal. Esto, pese a que en junio del mismo año Samuel García abrió por primera vez la posibilidad de dialogar con la oposición legislativa, con tal de designar a Luis Orozco como el titular del órgano.
“Si quieren hablar, me quitan a Arce. Cumplen la ley que ellos hicieron, me ponen a Orozco y al siguiente día platicamos lo que quieran”.
El joven emecista argumentó que la constitución neoleonesa estipulaba la designación del vicefiscal ante la renuncia del titular de la Fiscalía. De ahí que acusó a Francisco Cienfuegos Martínez, secretario de enlace legislativo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, de imponer a Arce Jardón.
Pero el propio Luis Enrique rechazó la defensa de García Sepúlveda que abogaba por su eventual nombramiento como Fiscal General: “Mi función actual es en la que me tienen actualmente como encargado”, comentó en conferencia de prensa agradeciendo la confianza del regiomontano.
“Agradecemos esa postura del Poder Ejecutivo. Siempre hemos manifestado nuestro respeto y voluntad de colaboración”, atajó.
ASG