Un tribunal federal confirmó la inhabilitación de diez años y la sanción económica por más de 158 millones de pesos en contra del ex encargado de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el 2015, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En un boletín, la SFP informó que la sanción que se le había impuesto en 2018 al ex servidor público ─de quien no se precisó el nombre─ fue confirmada por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en una sentencia en la que sobreseyó el juicio de amparo que el imputado había interpuesto.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también había confirmado, de manera previa, la inhabilitación y la multa, al resolver la demanda de nulidad solicitada.
La legalidad de las sanciones de la SFP fueron defendidas ante los tribunales por el Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedatu.
La SFP precisó que el OIC en la Sedatu inició la investigación como resultado de una observación de la Auditoría Superior de la Federación; sin embargo, durante las indagatorias se hallaron diversas irregularidades, por las cuales determinó imponer la sanción, tras acreditar que la persona omitió en 2015 cumplir con sus responsabilidades como encargada de la entonces Dirección General de Programación y Presupuestación de esa dependencia.
El ex servidor público es responsable de haber sido omiso al no dar de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales, originando el uso indebido del mismo.
“La omisión de la persona servidora pública permitió que indebidamente se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 millones de pesos supuestamente para otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo); no obstante, dicha ampliación fue ilegal y se omitió acreditar su uso y destino”, detalló la SFP.
Tales conductas, precisó la dependencia, constituyen faltas administrativas según lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El OIC en Sedatu ya notificó de la resolución al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la ejecución del crédito fiscal.
JLMR