Un Tribunal Colegiado será el que determine si concede un plazo mayor al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien busca reunir elementos de prueba para su defensa en el proceso que se le sigue por presuntos sobornos derivados del caso Odebrecht.
Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso devolver el asunto al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, para que resuelva en definitiva el amparo del ex legislador federal.
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Lavalle Maury buscaba que la Corte se pronunciara sobre el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual establece que, tras la vinculación a proceso, la investigación complementaria tendrá una duración máxima de dos meses si el delito por el que se está investigando tiene una pena de dos años de prisión; y de seis meses cuando el delito rebase los dos años de cárcel.
La mayoría de los ministros coincidieron que ya hay precedentes que señalan que, si el imputado o su defensa solicita una prórroga en la etapa de investigación complementaria, esta es improcedente cuando ya se alcanzaron los límites máximos establecidos en el artículo 321 del CNPP.
De acuerdo con antecedentes, Lavalle Maury manifestó que el 12 de julio de 2021, la autoridad judicial le otorgó una prórroga de 90 días naturales y precisó que el plazo fenecería el 13 de octubre del mismo año; al terminar el plazo solicitó una prórroga más de tres meses más, pero le fue negada.
También consta que, la defensa del quejoso no tuvo acceso a la carpeta de investigación durante 53 de los 90 días naturales otorgados.
“…limitar la investigación complementaria a un máximo de seis meses resulta absurdo, tomando en cuenta que el expediente de la carpeta de investigación de origen se compone de siete tomos y 71 anexos, que suman más de cien mil fojas”, expresó en su demanda la defensa.
El ex senador ha pedido más tiempo para que la FGR lleve a cabos actos de investigación a su favor y recabe información financiera de la finada Fabiola Tapia Vargas, con la cual busca echar abajo la acusación que hizo en su contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
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Según Emilio Lozoya, Fabiola Tapia fue testigo del envío de dinero para sobornar a legisladores federales en el sexenio pasado para aprobar la reforma energética, recursos que supuestamente eran llevados por personal que laboraba con ella, y entregados a José Velasco Herrera, jefe de ayudantes del ex director de la paraestatal, quien también ya falleció.
Fabiola Tapia era hermana de Juan Carlos Tapia Vargas, dueño de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), quien ha rechazado haber realizado tratos ilegales con Emilio Lozoya y con la constructora brasileña Norberto Odebrecht.
Actualmente, Jorge Luis Lavalle enfrenta un proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 97 millones 190 mil pesos.
aag