Un Tribunal Federal ratificó el amparo otorgado al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz, sentencia que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) que dé respuesta a su petición para que se le permita tener acceso a la averiguación previa que integró en su contra por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
Por unanimidad, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la resolución dictada por Ruby Celia Castellanos Barradas, jueza Décimo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México.
De acuerdo con el expediente, a través de sus abogados, el quejoso presentó diversos escritos en 2022 para que se reconociera a sus defensores y se les permitiera tener acceso a la averiguación previa AP/PGR/UEAF/030/2015-10.
Ante la falta de respuesta, promovió una demanda de garantías, la cual fue admitida a trámite por la jueza, misma que lo amparó después de que la FGR aceptó que no contestó.
El Ministerio Público respondió a la jueza lo siguiente:
“Esa abstención en la actuación de esta Representación Social de la Federación en su calidad de autoridad, encuentra justificación en las medidas de protección a la salud tendentes a evitar el riesgo de propagación del virus SARSCOV-2 ‘covid-19’, implementada por esta FGR, dirigido a su personal operativo, a través del Protocolo y Medidas de Actuación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2020, así como sus adicciones, mediante el cual se determinó establecer una fuerza de trabajo presencial mínima indispensable en el centro de trabajo; del que derivó que se diera prioridad a aquellos asuntos que se encontraran subjudice en determinada causa penal, la interposición de recursos, así como la integración de asuntos que por su relevancia existiera la necesidad de una investigación constante”.
Sin embargo, el 31 de mayo de 2023, Ruby Celia Castellanos señaló que había transcurrido más de un año del primero y segundo de dichos escritos, así como más de seis meses del restante, sin que existiera pronunciamiento en relación con las peticiones formuladas; por tanto, la FGR no cumplió con la obligación de atender dichas solicitudes, de conformidad con el artículo octavo constitucional.
Ahora, el Tribunal Federal ratificó el amparo, para el efecto de que la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros emita un acuerdo en el cual se pronuncie de manera congruente, completa, fundada y motivada, sobre las solicitudes contenidas en los escritos presentados el 13 de enero, 1 de abril y 14 de noviembre de 2022, relativos a la citada averiguación previa.
Asimismo, la agente del Ministerio Público tendrá que notificar personalmente dicha respuesta.
La sentencia deja claro que el presente pronunciamiento no implica que la autoridad responsable, deba contestar en sentido favorable las peticiones de Carlos Ahumada, quien ha evitado viajar a México.
LG