Un Tribunal Federal puso freno a los intentos del ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, quien pretendía que se tomaran en cuenta una serie de pruebas en el juicio de amparo que promovió contra su vinculación a proceso por presuntamente recibir sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
Por unanimidad, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró infundado el recurso de queja del ex legislador.
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Lavalle Maury impugnó que Isabel Porras Odriozola, magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, no aceptó admitir y analizar las pruebas.
Se trata de las que ofreció el 15 de julio de este año al Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, mismo que las desestimó y ratificó la vinculación a proceso dictada el pasado 13 de abril por Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
Los argumentos desestimados tienen que ver con el cuestionamiento que hizo la defensa de Lavalle, porque se le dio validez al video donde el ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, Rafael Caraveo, aparece en una entrega de dinero.
De igual manera, porque no se aceptaron los testimonios del secretario particular y del jefe del Departamento Administrativo de Pemex, Rodrigo Arteaga y Francisco Olascoaga, respectivamente, quienes manifestaron que no son ciertas las acusaciones que realizó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, contra el ex senador.
Al resolver el recurso de queja, el Tribunal Colegiado señaló que no puede dictar un criterio mediante el cual se establezca “un estándar más alto respecto a la protección de los derechos fundamentales de los gobernados, en específico de aquellos que acuden ante la autoridad jurisdiccional solicitando que la Justicia de la Unión los ampare y proteja, permitiendo que dentro del juicio de amparo se valoren todos y cada uno de los medios de prueba que se ofrezcan”.
El Tribunal consideró ajustada a la legalidad que la magistrada no hubiese acordado favorablemente la admisión de la prueba documental ofrecida, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, al tratarse de una resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso, el juicio de amparo debe resolverse únicamente con base en los datos de pruebas que hayan tenido en cuenta las autoridades de instancia, entre ellas, la responsable.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Lavalle Maury por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, motivo por el cual permanece interno en el Reclusorio Norte.
FS