El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Nuevo León promovió un par de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como parte de la pugna entre el Congreso del estado y el gobernador Samuel García.
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De acuerdo con registros públicos del máximo tribunal del país, el pasado jueves 30 de marzo, la magistrada presidenta de este órgano autónomo, Ethel María Maldonado Guerra, presentó una controversia constitucional en contra de la suspensión de un acuerdo emitido por su Sala Superior, mediante el cual definió la competencia de sus salas ordinarias.
Los efectos de este acuerdo fueron suspendidos el pasado 13 de marzo por el magistrado Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León.
Un par de semanas antes, el Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León también presentó una controversia constitucional en contra del Congreso de Nuevo León por la aprobación de un punto de acuerdo del Pleno del Congreso del estado que ordena a su Dirección Jurídica “realizar el análisis y se proceda a elaborar una controversia constitucional y/o una acción de inconstitucionalidad” en contra del acuerdo emitido por la Sala Superior del TJA, mediante el cual se definió la competencia de sus salas ordinarias.
Este par de controversias constitucionales fueron turnadas a una ministra de la SCJN, quien en los próximos días tendrá que determinar si cumplen con los requisitos de legalidad y son admitidas a trámite, o bien desechadas por su improcedencia.
El pasado 1 de marzo se publicó en el Periódico Oficial del Estado dicho acuerdo de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León, en el que se establece que su “Primera Sala Ordinaria, así como la Segunda Sala Ordinaria conocerán del procedimiento ordinario, mientras que la Tercera y Cuarta Sala Ordinaria conocerán del procedimiento oral".
La mayoría de los diputados del Congreso de Nuevo León, de origen priista y panista, rechazaron esta resolución del TJA del estado, al calificarla de discrecional e injustificada, pues consideraron que puede afectar la imparcialidad y operatividad del Tribunal por la carga de trabajo “desigual” entre las salas.
Estas impugnaciones ante el máximo tribunal del país también se dan en el contexto de la pugna entre el gobernador Samuel García y el Congreso del estado, cuyos diputados aprobaron reformas que le quitan atribuciones al mandatario estatal como la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
De igual forma, diputados del PRI y PAN, mayoría en el Congreso de Nuevo León, han pedido iniciar un juicio político en contra de la magistrada del TJA, Norma Platas Gómez, por admitir un juicio contencioso administrativo presentado por el gobernador Samuel García por el proceso iniciado en el Legislativo en su contra.