El ex subsecretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, en tiempos de Javier Duarte, Gabriel Deantes Ramos, deberá pagar, como resarcimiento al erario federal, un monto de mil 580 millones de pesos de recursos públicos que fueron desviados del Seguro Popular en esa entidad durante 2013.
Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en sesión pública de este miércoles, al ratificar la sanción resarcitoria impuesta en mayo del 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra del ex funcionario duartista.
La Dirección General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF determinó que Deantes Ramos era responsable de la omisión de administrar los recursos federales recibidos del programa del Sistema de Protección Social en Salud, Seguro Popular, en 2013 por un importe de más de mil 580 millones de pesos, debido a que esos recursos no fueron entregados a los entes ejecutores, lo que además género rendimientos financieros calculados en 183 mil 922 pesos.
El caso fue presentado ante el pleno de la Sala Superior por el magistrado Carlos Chaurand Arzate, quien expuso que del análisis a los argumentos y pruebas presentadas por el ex funcionario veracruzano, se determinaron insuficientes para desvirtuar la conducta irregular atribuida.
“Por una parte, los oficios que exhibió, algunos de ellos, no corresponden a instrucciones propias emitidas por el actor a funcionarios encargados de la ministración de los recursos y en otros casos, a pesar de haber sido emitidos por aquél, no se acredita que concretamente se refieran a instrucciones sobre la administración de los recursos federales recibidos por el programa del Seguro Popular en 2013”, dijo Chaurand.
Además, agregó, “resultan ineficaces los argumentos y probanzas del actor encaminados a acreditar que el responsable directo lo fue, en realidad, el Tesorero de la citada dependencia local, al ser el encargado de la ministración de los recursos federales, ello pues la irregularidad atribuida al accionante no versa sobre la administración o no de los recursos, sino por el indebido ejercicio en su posición de garante en la administración de los mismos”, expuso el magistrado.
Deantes Ramos expuso diversos argumentos en contra de la resolución de la ASF, como que los funcionarios de la Auditoría que lo sancionaron no tenían competencia, no se le garantizó su derecho de audiencia, las leyes aplicadas en su contra eran contradictorias, no se respetó su presunción de inocencia y la autoridad no individualizó la sanción.
Todos esos argumentos fueron desechados por el Tribunal, el cual, por unanimidad, determinó la validez de la sanción resarcitoria en su contra.
JLMR