Por la falta de recursos suficientes para indemnizar a los policías municipales que no han aprobado los controles de confianza, la administración de Tula no ha cesado a los elementos en esta condición, admitió Fermín Daniel Hernández Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien dijo que en algunos casos pretenden regularizar a los elementos, para que acrediten sus pruebas.
El funcionario de seguridad indicó que hubo un elevado número de elementos de la corporación que no acreditaron las pruebas por algún motivo; en la mayoría de los casos, uno que se puede subsanar, por lo que están revisando los casos para que de nueva cuenta presenten los exámenes y lo aprueben.
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Lo anterior con la finalidad de que conserven sus cargos en la dependencia, y de este modo se evite el despido con su consecuente liquidación, lo cual mermaría considerablemente las finanzas del municipio.
Hernández Martínez precisó que aunque esta situación data de 2016, la ley entonces permitía que los elementos permanecieran en la corporación en lo que se les regularizaba, pero ahora, con la nueva ley en la materia, esto no se puede hacer y los oficiales reprobados deberán acreditar sus exámenes o ser dados de baja.
“La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya obliga al municipio a mantener en nómina solo a aquellos que acrediten los exámenes de confianza, por eso tratamos de recuperar los que más se puedan”, afirmó el mando de seguridad.
Relató que cuando la administración 2016-2020 asumió funciones, solo 60 elementos, de los 160 que integraban la plantilla, habían acreditado sus exámenes de control y confianza, y cumplían al cien por ciento con todos los requisitos de ley para trabajar en una dependencia de seguridad.
A los restantes 100 elementos no se les pudo dar de alta en el sistema nacional de seguridad pública, pero tampoco se les pudo despedir, por falta de recursos económicos para costear las liquidaciones.
Se les otorgó otra oportunidad para acreditar sus controles y pertenecer a la corporación bajo todos los requisitos de ley contemplados; de esos 100 elementos, 50 ya acreditaron sus controles; ahora –dijo– con la entrada de la ley solo hay dos opciones en el corto plazo para los 50 elementos restantes: regularizarlos o cesarlos con liquidación.
Hernández Martínez calificó como buenos elementos a la mayoría de los agentes que no han acreditado sus controles ante las instancias de seguridad; explicó que muchos de los elementos no acreditaron su formación académica, debido a que una institución educativa les ofreció los estudios de preparatoria, pero luego se percataron que el certificado emitido por dicha institución carecía de validez legal, por lo que no pudieron darse de alta al sistema con esos certificados, pues de lo contrario serían rechazados y denunciados además por presentar documentos falsos.