En cinco meses de proceso electoral, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en el sistema financiero vinculadas con los comicios, e investiga 10 casos más con posibles riesgos de lavado de dinero o financiamiento ilícito a candidaturas.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que luego de los recientes convenios celebrados con el Instituto Nacional Electoral (INE), crearon un sistema de riesgo con particularidades electorales para poder detectar uso de recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos, contratación de empresas fachada o peculado electoral.
Señaló que de esta manera, a las alertas emitidas en el sistema financiero se les otorga una calificación del 1 al 10 que comenzaron a aplicar desde septiembre cuando inició el proceso electoral, lo que ya generó indicios de irregularidades.
“Este modelo de riesgo lo hemos empezado a instrumentar en el actual proceso electoral midiendo desde septiembre pasado a la fecha y esto nos ha arrojado 10 casos; estamos analizando el top 10 que nos generó el modelo de riesgo vinculado con el proceso federal electoral 2020-2021.
“Hemos presentado tres denuncias en temas vinculados en lo electorales y tenemos además los 10 casos emanados del modelo de riesgo y dos investigaciones pendientes, una de ellas relacionada con la investigación Zafiro”, dijo.
Presentan a bancos guía antilavado para elecciones
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentaron la “Guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales” que las instituciones bancarias deberán implementar desde el 1 de marzo, para generar alertas inmediatas que permitan detectar a tiempo algún ilícito financiero en las candidaturas.
Nieto destacó que esta guía se apega a los convenios con el INE para analizar a las precandidatas, precandidatos, candidatos, candidatas, dirigentes partidistas y otras personas políticamente expuestos.
También para revisar la capacidad financiera de quienes comentan violencia política en razón de género y corroborar que las empresas contratadas por candidaturas y partidos coincidan con el padrón de proveedores del INE.
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Dejó claro que se trata de una guía “absolutamente imparcial y basada en parámetros internacionales”.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, agregó que el compromiso es que el sistema financiero no sea usado o manipulado para incurrir en delitos electorales.
“Nos aseguraremos que se cumpla a la letra lo que se establece en esta guía, independientemente del partido y entidad federativa, el único ánimo es ser absolutamente neutrales en este sentido, y ése es el compromiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuar sin tintes políticos.
“Tampoco es que haya un caso relevante y alguien decida por cuestiones política a esos no darles seguimiento. El sistema deja huella y hace responsable de las alertas que envía si se ignoran o no”, destacó.