La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de Nuevo León enmudeció ante la investigación que realiza la justicia argentina a cuatro factureras regiomontanas que forman parte de una red internacional de lavado de dinero para adquirir condominios en Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Suiza.
A través de una escueta respuesta por parte del área de Comunicación Social del Gobierno del Estado, se informó que no se revelará información al respecto por parte de la dependencia encabezada por Carlos Eduardo Mendoza Cano.
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“No se revela información sobre las acciones de la UIFE, por la naturaleza propia de ellas.
“Si alguna autoridad jurisdiccional solicita colaboración, ésta se realizará en el marco jurídico nacional y de tratados internacionales”, indica la breve respuesta ante una solicitud de entrevista.
A comparación a la Unidad de Inteligencia Financiera federal y de Tamaulipas, que revelan información de sus acciones e incluso de denuncias penales generadas por sus mismas investigaciones.
Consultado para el mismo tema, Bernardo González Garza, ex titular de la UIFE, señaló que cuando encabezó la dependencia no tuvo colaboración con alguna investigación que estuviera realizando el Ministerio Público de la Nación Argentina.
Este lunes, la plataforma MILENIO-Multimedios informó que en 2016 y 2017, las empresas nuevoleonesas Construcciones Bulin, Jopa Negocios, Xangar Negocios y Servicios Corporativos Rixhon recibieron transferencias y operaciones por 15.4 millones de dólares de parte de compañías estadunidenses, conformadas por familiares de ex funcionarios argentinos y prestanombres regios.
Además, las cuatro empresas fantasma nuevoleonesas investigadas por la justicia argentina como parte de una red de lavado de dinero que involucra al círculo cercano de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fueron contratadas por siete municipios del estado, los cuales pagaron al menos 34.9 millones de pesos a esas firmas.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fiscalía Anticorrupción señalaron no tener hasta el momento alguna relación con la investigación que realiza la justicia argentina.