El Congreso de la Unión cerró 2019 con cuatro reformas favorecedoras para las mexicanas: educación con perspectiva de género; paridad en los tres órdenes de gobierno y organismos autónomos; prisión preventiva oficiosa para feminicidas y derechos laborales para trabajadoras del hogar.
En medio de las reformas constitucionales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Senado, integrado por 49 por ciento de mujeres, y la Cámara de Diputados, compuesta por 48 por ciento de legisladoras, aprobaron cuatro reformas que, aunque en algunos casos fueron criticadas por agrupaciones feministas, se publicaron en beneficio de los derechos de las mujeres.
Las legisladoras incidieron en la agenda parlamentaria desde que inició 2019. Por ejemplo: entraron al debate sobre prisión preventiva oficiosa donde algunas defensoras aseguraron que el enfoque punitivo no garantiza justicia a las mujeres, mientras otras mencionaron que era una forma de atacar la impunidad. Finalmente, en abril el Congreso reformó el artículo 19 constitucional para que delitos como feminicidio y violación ameriten que el acusado siga su proceso en reclusión para que no escape o atente contra la víctima.
En mayo entraron en vigor las reformas a cinco leyes laborales con el objeto de garantizar la justicia laboral, la libertad sindical y la negociación colectiva. En ambas cámaras se precisó que con estas normas se impulsaría la presencia de las mujeres en la vida sindical y aumentaría su actividad como lideresas de trabajadores, esto debido a que en la Ley Federal del Trabajo se estableció la obligación de que toda directiva se conforme bajo el principio de paridad de género.
En este tema también se lograron cambios en favor de las empleadas del hogar. En la misma ley se estableció que ellas deben tener contrato por escrito donde se estipule su remuneración, horas de trabajo, suministro de alimentos y herramientas de trabajo. Además, para verificar el cumplimiento de estas disposiciones, inspectores laborales podrán hacer visitas a los hogares.
Por otro lado, se facultó a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para fijar la remuneración del empleo en el hogar; se prohibió la contratación de personas menores de 15 años de edad y, en casos de gente de entre 16 y menores de 18, se precisó que las jornadas no podría ser de más de seis horas al día. La reforma a la Ley del Seguro Social, por su parte, incorporó a las trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio.
Otro de los avances legislativos más ambiciosos se concretó en junio al entrar en vigor la reforma a nueve artículos constitucionales para garantizar que la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), en los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y organismos autónomos sean para mujeres, lo que se conoce como “paridad en todo” o paridad transversal.
La reforma, que buscó llevar la paridad más allá del terreno electoral, también hizo que la Carta Magna adoptara un lenguaje incluyente y con perspectiva de género al cambiar términos como “varones” por “hombres”, “ciudadanos” por “ciudadanía”, “diputados” por “diputaciones”, “senadores” por “senadurías” e incluir ministras y ministros.
Meses después, con la nueva reforma educativa, en septiembre se publicaron tres leyes en la materia, entre ellas la Ley General de Educación que ordena el diseño de políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género y que los contenidos de los planes y programas de estudio comprenden aprendizaje sobre igualdad de género y educación sexual integral y reproductiva, entre otros rubros.
En diciembre, las y los diputados aprobaron tres reformas que aún deben ser ratificadas por el Senado para entrar en vigor. La primera fue la Ley de Amnistía propuesta en septiembre por López Obrador para otorgar la libertad a mujeres, personal médico y parteras acusadas del delito de aborto o de homicidio en razón de parentesco, y por delitos contra la salud, entre otros.
La segunda fue para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para hacer más eficiente el proceso para decretar la “Alerta de Violencia de Género”.
Un cambio normativo más que podría avanzar en 2020 es el paquete de reformas para definir y sancionar la violencia política de género en ocho leyes.