La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puede definir desde hoy al rector, luego de un proceso de auscultación y sesiones de los 15 miembros que conforman esa junta para definir entre la socióloga Angélica Cuéllar, el jurista Pedro Salazar o un segundo periodo del médico Enrique Graue.
Aunque los integrantes de la Junta tienen hasta el 17 de noviembre para dar a conocer al nuevo rector para el periodo 2019- 2023, funcionarios de la institución adelantaron que puede ser hoy la definición, a fin de dar certeza y progresividad a los trabajos que se realizan en la UNAM.
Alumnos exigieron la democratización del proceso para que toda la comunidad universitaria vote y elija al rector. Mariana Jiménez, del colectivo Democracia UNAM, dijo que el actual proceso “está viciado de origen y ya sabemos que será Graue. Con eso sólo buscan perpetuar la inacción y la impunidad que han marcado la gestión de Graue, quien no ha hecho nada contra la violencia dentro de la institución”.
Angélica Cuéllar hizo pública su candidatura el pasado 29 de septiembre y se comprometió a generar políticas que tiendan a mitigar las causas de las desigualdades de género, además de fortalecer el bachillerato.
Pedro Salazar formalizó su postulación el 7 de octubre. Se comprometió a mantener la excelencia de la Universidad y ofreció que trabajará por la inclusión, la no violencia, la perspectiva de género y la democracia universitaria.
Enrique Graue, el actual rector, anunció que buscaría su reelección el pasado 27 de septiembre. Propuso una supervisión inmediata y eficiente de los reportes realizados por la comunidad universitaria sobre incidentes de inseguridad y delitos en flagrancia.
Asimismo, instalar dispositivos electrónicos a solicitud de las comisiones locales de seguridad y con la anuencia de los directores de las entidades para controlar el acceso a instalaciones universitarias.
Auditoría
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la cuenta pública 2018 diferencias entre el presupuesto autorizado, modificado y ejercido por la UNAM para la construcción de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en Juriquilla, Querétaro, y Mérida, Yucatán.
Por ello se generaron cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.
El dictamen señala que incluso se aumentó la profundidad de la excavación para el desplante de la cimentación sin contar con un dictamen técnico elaborado por un especialista que avale tal modificación y la seguridad estructural del inmueble debido a que se omitió contemplar las investigaciones, asesorías y análisis de ingeniería necesarios, como el estudio de mecánica de suelos requerido para determinar la cimentación y el tipo de estructura.
De acuerdo con la ASF, no se autorizó el impacto ambiental y la licencia de construcción del proyecto, no se proporcionó la documentación que acredite la atención de las condicionantes establecidas en el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán.
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Asimismo, no se comprobó que se contara con los profesionales calificados con registros vigentes de Directores Responsables de Obra y sus respectivos corresponsables, ni con los proyectos ejecutivos y memorias de cálculo debidamente firmados por los mismos y los responsables de su elaboración y autorización.
También se señaló en la revisión de la cuenta pública del año pasado que se adjudicaron indebidamente cuatro contratos de obra con base en supuestos de excepción no aplicables, así como pagos indebidos por 306 mil pesos en un contrato de servicios sin justificar, así como pagos indebidos por 221 mil pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados y los realmente ejecutados en dos contratos de obra.
De 125 millones de pesos, se determinó un monto por aclarar de 775 mil pesos y se recuperaron 247 mil, quedando pendientes de aclaración 527 mil pesos.
RLO