La independencia judicial y la división de poderes son la garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia, y no en presiones externas o intereses de grupo; por lo que no puede haber retrocesos en la materia, alertó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.
Al inaugurar los foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia en Ciudad Universitaria, Lomelí Vanegas recordó que en México se optó hace dos siglos por la forma de gobierno republicana, representativa y federal. En este tiempo ha habido una evolución política azarosa y aún queda pendiente consolidar el federalismo y la división de poderes, pero aclaró que no puede haber retrocesos.
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En el auditorio Alfonso Caso, el rector también señaló que se debe asegurar que los funcionarios judiciales cuenten con los saberes, habilidades y herramientas necesarias para ejercer su labor con autonomía, ética y profesionalismo, a fin de buscar que la justicia sea asequible.
“Por estas razones, la justicia debe ser asequible, visible y entendible para todas y todos”, dijo.
Lomelí Vanegas añadió que se deben concebir y planificar políticas públicas que aseguren que todas las personas accedan a una justicia pronta y expedita. Asimismo, remarcó que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad, pues erosiona la legitimidad de nuestras instituciones.
“Se necesitan establecer controles y sanciones efectivas para erradicar esta práctica”, añadió.
Acompañado por autoridades de entidades académicas de la UNAM que realizan labores de docencia e investigación sobre el derecho, el rector subrayó que estos foros son un espacio de diálogo constructivo, reflexión y consulta, donde la diversidad de voces y perspectivas es esencial para repensar y diseñar una reforma judicial que responda a las necesidades y expectativas de todos los mexicanos.
Se analizarán las experiencias y buenas prácticas internacionales que puedan enriquecernos, y llamó a fomentar la participación ciudadana en este proceso, además de impulsar una mayor educación en derechos y deberes entre la población.
“Una ciudadanía informada puede exigir y contribuir a una justicia efectiva”, recalcó.
El rector de la UNAM invitó a participar en los foros —que se conforman de siete mesas a realizarse en los próximos días— con el objetivo de fortalecer el sistema judicial y consolidar el Estado de Derecho democrático, así como el equilibrio de poderes, necesario para la salud de la República.
El abogado general de la Universidad Nacional, Hugo Alejandro Concha Cantú, rememoró que en febrero de este año el titular del Ejecutivo federal envió un conjunto de iniciativas de reformas constitucionales y legales al Congreso de la Unión y una de ellas es para la transformación al Poder Judicial Federal, donde se busca cambiar de raíz su modelo de gobierno, su administración y organización en general.
Comentó que para enriquecer la discusión nacional, las facultades de Derecho, de Estudios Superiores (FES) Acatlán y Aragón, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) se unieron para analizar, debatir, enriquecer “y proponer alternativas e ideas que contribuyan a un mejor proyecto de modelo de justicia en el país”.
La directora del IIJ, Mónica González Contró, expuso que el fin del Estado es garantizar la vida y el bienestar de las personas, para que puedan desarrollarse libremente; y el Poder Judicial, como integrante del Estado, debe ser vigilante de los derechos humanos y el respeto a la Constitución.
Expresó que la independencia judicial es una condición indispensable para que las personas juzgadoras tomen decisiones con base en la ley y la Constitución, pero no para su aplicación ciega, sino considerando las circunstancias de exclusión histórica.
LP