La propuesta de sustituir al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial por un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial debilitaría la independencia y facilitaría que quienes los integren respondan a preferencias partidarias y políticas, advirtieron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) .
La jefa del Sistema de Universidad Abierta y profesora de la Facultad de Derecho (FD), Irene Emilia Trejo Hernández, expuso que la propuesta de crear este órgano -que se encargaría de nombramientos y formación de jueces, de la creación de nuevas instancias jurisdiccionales y del manejo del presupuesto, separado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- afectaría la independencia del sistema judicial.
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Llegarán por afinidad política y no por capacidad, señalan
Los cinco integrantes del órgano serán propuestos por otros poderes: uno por el Senado, otro por el Ejecutivo y tres por la SCJN.
Además, señaló, no se especifica el perfil que deberían tener quienes lo conformen. Asimismo, resaltó que sus decisiones serían inatacables y el control sobre su presupuesto como una mordaza.
En el auditorio de la División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, el profesor de la FES Acatlán, Ulises Leonardo García Vázquez, coincidió en que no se indica el perfil específico de los integrantes de este órgano y podría buscarse que lleguen quienes tengan afinidad política y no necesariamente la capacidad para juzgar objetivamente.
Ante la moderadora de la Mesa, Anayelli García Peñaloza, jefa de la Licenciatura de Derecho de la FES Aragón, agregó que en el manejo del presupuesto se debe priorizar el fortalecimiento del sistema judicial, pues actualmente hay cerca de 4.1 juzgadores por cada 100 mil habitantes, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda 18.
Eduardo Esquivel Jasso, profesor de la FES Aragón, remarcó que la carrera judicial y no otro mecanismo debe ser usado para aspirar a los cargos más importantes de la función jurisdiccional.
“La preparación y la capacitación es el único camino para aspirar a ellos”, recalcó.
Asimismo, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Josafat Cortez Salinas, explicó que la reforma propuesta es una amenaza a la gobernanza de este poder, a la administración de sus recursos materiales y humanos; además, trastoca y lastima su independencia porque le resta relevancia a la presidencia de la SCJN.
Ese órgano administrativo, añadió, será débil porque no tendrá injerencia en la disciplina sobre los integrantes del Poder Judicial, facultad que se le transfiere al Tribunal.
Consideró que se debe revisar la carrera judicial creada con base en la reforma de 1994, pues los concursos realizados no permitieron la participación de agentes externos para ser titular de órganos jurisdiccionales y existe el nepotismo.
Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), indicó que este proyecto de reformas constitucionales no asegura la tutela efectiva hacia los derechos de las personas por parte de los jueces, si no se garantiza la buena administración, independencia, imparcialidad, defensa, técnica adecuada y el debido proceso, entre otros aspectos.
Rosa Carmen Rascón Gasca, secretaria Académica y profesora de la FD, dijo que la propuesta de creación de ese órgano no ofrece garantía de profesionalización, ni experiencia real y transparente.
“Esperamos que, en su análisis, la Cámara de Diputados realice una labor digna y vea la importancia de esta actividad técnica especializada”, añadió.
En su oportunidad, Mario Ernesto Rosales Betancourt, profesor de la FES Acatlán, planteó que con esta propuesta habrá un exceso de jueces de consigna, quienes no se atreverían a ir en contra de lo que les pida el órgano de administración judicial, lo que implicaría el menoscabo paulatino de la capacidad de los ciudadanos de tener medios de defensa contra los abusos del poder del gobierno.
Resaltó que este órgano significaría la pérdida de la independencia de los juzgadores, pues el gobierno los tendría “agarrados por donde más duele: el aspecto económico”.
Daniel Márquez Gómez, investigador del IIJ, consideró que el proyecto de reforma ya está impactando a la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales.
“Es urgente buscar mecanismos para que desde la institucionalidad encontremos respuestas, también institucionales, a los problemas que está planteando el ejercicio del poder; la gobernanza exige horizontalidad, que todos seamos tomados en cuenta”, finalizó.
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HCM