Luego de haber sido puesta en marcha en septiembre de 2020 para investigar posibles enriquecimientos injustificados o desvíos de recursos, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de Nuevo León acordó reservar las investigaciones que tiene en curso por un espacio de 5 años.
A través de una solicitud de información realizada a la UIFE para conocer un informe de actividades y denuncias entre el 1 de octubre del 2020 y el 20 de enero del 2021, la dependencia a cargo de Bernardo González consideró que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.
“Se clasifica parcialmente la solicitud de información pública presentada en Plataforma Nacional de Transparencia (por ciudadano solicitante) registrada con el número 00073421 como información
reservada la señalada en los Considerandos Quinto y Sexto, y como confidencial la indicada en el Considerando Séptimo del presente acuerdo.
“El plazo que comprenderá la reserva es de 5 años, por los motivos expuestos en el Considerando
Quinto, contados desde la fecha de la suscripción del presente Acuerdo, previa confirmación del Comité de Transparencia del sujeto obligado”, estableció la resolución.
A pesar de que no se pidieron nombres de los involucrados, sino número de investigaciones, avances de las mismas, así como el presupuesto asignado, la UIFE insistió en que la divulgación de la información afectaría un interés personal o público para la comunidad.
Por lo que al igual que la Fiscalía General de Justicia, órganos de justicia y de seguridad pública municipal o estatal la reservó y será “pública” hasta 2026.
Con base en la información enviada por el Comité de Transparencia de la Tesorería General, la UIFE explicó que recibe reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables.
También analiza las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; disemina reportes de inteligencia y otros documentos para detectar operaciones presuntamente vinculadas con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y en su caso presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
Además, señala su página de Facebook, ésta se coordina con las dependencias y entidades de la administración pública del estado, en los asuntos de su competencia, así como celebra e implementa acuerdos o convenios con aquellas con previa autorización de la Tesorería de Nuevo León, de la cual depende este nuevo órgano.
De hecho, para que opere este año, la Tesorería General le asignó 28 millones 976 mil 260 pesos, los cuales serán utilizados para la investigación, sueldos y material de oficinas, entre otros rubros.
El pasado 30 de septiembre, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón tomó protesta a Bernardo González como encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, con el fin de contribuir al combate a la corrupción de manera directa y sin burocracia.
“La idea es que se coordine totalmente esta área con el área federal, para poder tener una revisión sobre todo en el tema de investigación financiera que tenga que ver con las acciones del gobierno y también fuera del gobierno.
“Se necesita que podamos tener un tema de combate a la corrupción en un sentido más práctico y no entrar en los procesos que a veces son tan burocráticos”, declaró en esa ocasión el mandatario.
En semanas anteriores se buscó al titular de la Unidad, Bernardo González, para que explicara la situación de las carpetas de investigación, pero MILENIO no recibió respuesta del área de comunicación de la Tesorería.